El Gobierno de Bolivia ha manifestado un rechazo categórico a la resolución de censura emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. A través de una conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó la medida como «inconstitucional» y aseguró que, debido a irregularidades en el proceso de votación, la autoridad ministerial se mantiene en sus funciones por el momento.
El conflicto se originó luego de que el Legislativo procediera a censurar al ministro Espinoza debido a su inasistencia a una interpelación programada. Dicha sesión tenía como objetivo analizar y cuestionar las políticas implementadas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo con la Constitución vigente desde 2009, una censura aprobada supondría la destitución inmediata de la autoridad involucrada.
Según los reportes, el ministro de Economía había solicitado formalmente la reprogramación de la interpelación. Espinoza argumentó que contaba con viajes oficiales previamente previstos hacia el departamento de Santa Cruz y hacia Brasil para atender asuntos de Estado. No obstante, su solicitud fue rechazada por la Asamblea, procediendo así a la votación donde 91 de los 129 parlamentarios presentes votaron a favor de la censura.
La controversia jurídica radica en la interpretación del quórum necesario para validar dicha destitución. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó detalladamente que la Constitución establece que la censura de los ministros de Estado debe ser aprobada por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea, y no simplemente por dos tercios de los asistentes a la sesión. Bajo este cálculo, Gálvez sostuvo que se requerían al menos 111 votos para que la medida fuera legal y vinculante, cifra que dista significativamente de los 91 votos obtenidos.
En este sentido, el vocero fue enfático al señalar que cualquier resolución emitida basada en esos resultados es inconstitucional y violatoria de los derechos. Asimismo, subrayó que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa, argumentando que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa no puede prevalecer ni estar por encima de lo dictaminado por la Constitución Política del Estado.
En el marco de esta tensión institucional, el vocero presidencial lanzó una exhortación directa al presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del país, Edmand Lara, quien ha sido declarado opositor al Gobierno. Gálvez instó a Lara a sujetarse estrictamente a los lineamientos y preceptos determinados por la Constitución en lo que respecta a los procesos de censura de ministros de Estado.
Por su parte, el ministro José Gabriel Espinoza también se pronunció ante los medios de comunicación, lamentando la decisión tomada por el Parlamento. El titular de Economía anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para consultar sobre la legalidad de su posible destitución. Espinoza reiteró el argumento del Ejecutivo, señalando que, mientras la Constitución exige dos tercios de la Asamblea total, él fue censurado únicamente con dos tercios de los parlamentarios presentes en la sesión.
Desde el ámbito legal, la Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece un procedimiento claro: una vez que la resolución es comunicada formalmente al presidente del país, este tiene un plazo máximo de 24 horas para destituir al ministro censurado.
Sin embargo, el contexto político boliviano muestra precedentes que matizan la aplicación estricta de esta norma. En censuras parlamentarias anteriores, tanto el presidente Luis Arce (periodo 2020-2025) como la entonces presidenta Jeanine Áñez (2019-2020) procedieron a destituir a ministros para, posteriormente, restituirlos en sus cargos. Esta práctica ha sido duramente cuestionada por diversos sectores críticos, quienes consideran que tales acciones vulneran el carácter vinculante del mecanismo de censura establecido en la Constitución.
Finalmente, el vocero presidencial adelantó que este miércoles se tomarán las acciones respectivas para resolver la situación jurídica del ministro Espinoza, asegurando que la autoridad hará uso de sus derechos legales para impugnar la decisión del Legislativo.
