Durante la sesión de trabajo celebrada este 18 de agosto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahlf llevó a cabo un acto simbólico y testimonial para subrayar una demanda fundamental en materia de derechos humanos: la necesidad imperativa de realizar consultas previas a las personas con discapacidad cuando se diseñen normas o medidas que incidan directamente en sus vidas.
El contexto de esta intervención fue el debate sobre una acción de inconstitucionalidad promovida contra una legislación del estado de Tamaulipas. Dicha ley establecía una cuota laboral obligatoria, determinando que al menos el 3% de las personas contratadas en la administración pública estatal y en los gobiernos municipales debían ser personas con discapacidad. En medio de este análisis jurídico, la juzgadora decidió hacer visible una realidad personal y técnica para ilustrar la brecha de comprensión que suele existir entre quienes legislan y quienes viven la discapacidad.
En un momento significativo de la sesión, la ministra Ortiz Ahlf se retiró su implante coclear y lo mostró ante el pleno de la Corte. A través de este gesto, explicó que las personas que poseen la capacidad de escuchar con ambos oídos a menudo desconocen la realidad y los desafíos que enfrentan quienes no pueden hacerlo. "Sorda de nacimiento del oído izquierdo. Las personas que escuchan con los dos oídos no saben de verdad lo que significa no escuchar de un oído, no se pueden poner en nuestros zapatos", afirmó la ministra durante su exposición.
La togada no se limitó a la explicación técnica de su condición, sino que compartió el impacto profundo que esta discapacidad tuvo en su desarrollo personal y en la formación de su identidad. Relató cómo la dificultad auditiva marcó su etapa educativa, llevándola a experimentar periodos de aislamiento. Según explicó, fue precisamente ese aislamiento el que la impulsó a refugiarse en la lectura, señalando que recurrió intensamente a los libros porque no tenía otra alternativa en aquel momento. Esta experiencia, lejos de ser un impedimento, terminó cimentando su vocación profesional como jurista.
Asimismo, la ministra Ortiz Ahlf puso sobre la mesa la complejidad y la diversidad existente dentro de la propia comunidad de personas sordas. Advirtió que no existe una única forma de vivir la discapacidad auditiva ni una única solución deseada. En este sentido, subrayó que hay sectores dentro de esta comunidad que rechazan la medicalización, es decir, que optan por no utilizar implantes, y que eligen abrazar la lengua de señas no solo como una herramienta de comunicación, sino como el núcleo de su identidad.
Este punto fue crucial para respaldar su argumento central: la autonomía en la toma de decisiones sobre los derechos fundamentales. "Nadie puede tener la decisión sobre nuestros derechos. En mi caso, era el derecho a escuchar, y de eso derivaba el derecho a la educación y al ejercicio profesional", sostuvo la ministra, vinculando la salud y la capacidad sensorial con el acceso a oportunidades básicas de desarrollo humano.
Para finalizar su intervención, la ministra dejó una reflexión contundente sobre la naturaleza de la labor judicial y legislativa. Argumentó que las leyes y las resoluciones judiciales no deben ser vistas como meros trámites de escritorio o ejercicios teóricos, sino como determinaciones que impactan la vida real de los ciudadanos.
Bajo esta premisa, reiteró que la consulta previa no es opcional, sino indispensable. Al ser cuestionada sobre si es necesario preguntar a los afectados antes de implementar una norma, respondió con un rotundo "claro que sí". Ortiz Ahlf enfatizó que no corresponde a los juzgadores o legisladores verificar unilateralmente si una medida es benéfica o no, sino que esa determinación debe emanar directamente de las personas consultadas, quienes son las únicas capaces de validar la eficacia y el impacto de las normas en su cotidianidad.
