Carlos Juárez Téllez, representante legal de un grupo de inconformes, denunció públicamente que 75 integrantes de la extinta Policía Intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán no han recibido el monto económico que les corresponde, a pesar de que existía un acuerdo previo para liquidar los adeudos pendientes con estos elementos y sus familias.
Durante una conferencia de prensa, el abogado expuso los detalles de la situación actual, señalando que las autoridades han justificado la falta de pagos argumentando que una parte considerable del recurso asignado fue devuelta. Según la versión oficial proporcionada por las autoridades, este retorno de fondos se debió a que algunos de los beneficiarios no se presentaron a cobrar sus montos o, en otros casos, debido al fallecimiento de los derechohabientes.
No obstante, Juárez Téllez subrayó que esta explicación no justifica la situación actual de los 75 afectados. El jurista informó que hace aproximadamente un mes se estableció un nuevo acuerdo con el objetivo de concretar los pagos pendientes. Sin embargo, denunció que dicho convenio ha sido incumplido sistemáticamente. Los afectados han acudido en dos ocasiones mensuales a las instalaciones donde han sido citados, pero se encuentran con que la respuesta es invariablemente la misma: el pago de lo adeudado sigue sin concretarse.
En cuanto a la distribución de los recursos, el abogado señaló que se han realizado entregas parciales a algunos beneficiarios, consistentes en cantidades cercanas a los 20 mil pesos. No obstante, criticó el mecanismo utilizado para estos trámites, ya que obliga a los afectados a destinar una parte significativa de ese dinero únicamente para costear los traslados necesarios para realizar las gestiones administrativas. Esta situación agrava la vulnerabilidad económica de los ex policías, quienes ven mermado el poco recurso que reciben.
El representante legal enfatizó que el monto total del adeudo es millonario y que, a pesar de ello, no existe un reconocimiento pleno de la deuda por parte de las autoridades. Asimismo, denunció que los pagos no se han efectuado de manera uniforme ni bajo los criterios que, desde su perspectiva legal, serían los correctos. De acuerdo con la denuncia, quienes han recibido cheques han percibido cantidades proporcionales que, en ciertos casos, solo cubren los intereses generados, ignorando el capital principal. Juárez Téllez afirmó que, conforme a derecho, el monto que correspondería recibir es de aproximadamente 50 millones de pesos.
Para respaldar sus demandas, la representación legal ha entregado en reiteradas ocasiones toda la documentación correspondiente a las víctimas. Entre los documentos presentados se encuentran constancias emitidas por la Fiscalía y por la Comisión de Atención a Víctimas. El objetivo de estas probanzas es acreditar que los solicitantes son efectivamente expolicías afectados por un esquema de falsificación de cheques, en el cual se habrían utilizado firmas presuntamente relacionadas con funcionarios públicos.
Finalmente, el abogado manifestó su frustración ante la apatía institucional y la falta de soluciones concretas. A pesar de contar con la lista detallada de los afectados y de haberla entregado repetidamente a las instancias correspondientes, aseguró que no han obtenido una respuesta satisfactoria. “Traemos la lista, la volvemos a entregar, la vamos a entregar y no hay respuesta”, reclamó el representante legal, dejando en evidencia el ciclo de burocracia que impide que los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán obtengan el resarcimiento económico que legalmente les corresponde.
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