El "lapsus" de Caputo y el escenario político: entre la necesidad de reactivación y la incertidumbre electoral

El gobierno nacional ha tomado una decisión financiera que ha encendido las alarmas de diversos sectores económicos y ha dejado al descubierto fisuras en el relato oficial sobre la actividad productiva. Tras una extensa deliberación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se decidió flexibilizar la normativa sobre los depósitos en dólares. A partir de ahora, los bancos podrán utilizar hasta un 15% de esos depósitos para otorgar préstamos a empresas que no generen divisas, rompiendo con la restricción previa que limitaba estos créditos únicamente a quienes ya aportaban los dólares.

Si bien el Banco Central ha implementado medidas restrictivas —exigiendo que los bancos utilicen capital propio para respaldar estos préstamos y evitar riesgos similares a los de la crisis de 2001—, el punto central de la controversia reside en la justificación brindada por Caputo. El ministro afirmó que la medida "va a ayudar a reactivar la economía". Este uso del verbo "reactivar" es interpretado por analistas como un lapsus significativo, ya que el Gobierno ha negado sistemáticamente cualquier problema de recesión en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción. Esta admisión contrasta con las promesas realizadas en abril sobre un crecimiento espectacular en los próximos 18 meses.

La necesidad de estímulo surge, en realidad, de la caída en la recaudación fiscal. El Gobierno ha observado un descenso en los ingresos por IVA y el Impuesto al Cheque, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri ha reportado una caída del 10% en Ingresos Brutos. Este fenómeno se replica en diversas provincias, afectando la caja federal y provincial.

En paralelo, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló una realidad fiscal compleja. Aunque el organismo elogió la prudencia fiscal y el superávit primario del 1,4% del PBI, una nota al pie de página aclaró que, si se incluyeran los intereses de los bonos cupón cero "por encima de la línea", el resultado global sería en realidad un déficit aproximado del 0,8% del PBI. Esta precisión técnica sugiere que el equilibrio de las cuentas públicas, eje central de la gestión de Javier Milei, se sostiene sobre una metodología contable específica.

El deterioro de la actividad real se vincula con la represión salarial y el fuerte incremento en el costo de los servicios públicos, que ahora representan, en promedio, el 15% del salario en blanco, frente al 6% de la gestión anterior. Además, el Gobierno ha aplicado una visión de "dos velocidades" económica: mientras promueve sectores como la minería, el petróleo, el gas y la tecnología a través del RIGI, ignora los sectores ligados al consumo interno, que son los que mayor impacto tienen en la recaudación fiscal. A esto se suma una "inocencia fiscal" basada en blanqueos y planes de pago recurrentes que fomentan la evasión.

Este contexto económico impacta directamente en la política. La caída de la recaudación ha generado malestar entre los gobernadores, quienes denuncian que el Ejecutivo se ha apropiado de fondos destinados al mantenimiento de rutas. Ante este escenario, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, ha tenido que intensificar sus recorridos por las provincias para mitigar tensiones.

En el plano electoral, la reelección de Milei comienza a ser cuestionada. Encuestas de la consultora Aresco indican que un 55,3% de los consultados votaría por una tercera opción que no sea ni libertaria ni kirchnerista. Por su parte, la encuesta de Pulsar (UBA) muestra que el 42% de los encuestados afirma que no votaría a ningún partido político actual, situándose un 36% de ese grupo en el centro ideológico.

Para contrarrestar esta tendencia y reducir el riesgo país —que ha repuntado hasta los 470 puntos, situándose por encima del promedio de otros países con alto riesgo—, el Gobierno ha intentado acercarse a Mauricio Macri. El objetivo es proyectar una unidad del espacio no peronista. Sin embargo, la relación es tensa; Macri busca garantías institucionales y el respeto por el liderazgo del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, donde su primo, Jorge Macri, ha ganado autonomía y cercanía con el oficialismo.

Mientras tanto, el peronismo comienza a coordinar estrategias. Un encuentro entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, a pedido de los jefes de bloque en el Congreso, analizó la postura frente a la posible eliminación de las PASO. Esta incipiente coordinación peronista podría endurecer la relación de los gobernadores con el Ejecutivo y complicar la actividad parlamentaria.

Finalmente, la tensión llega al Poder Judicial. Existe una necesidad gubernamental de ampliar la Corte Suprema para satisfacer intereses provinciales, lo que abre espacio a negociaciones políticas sobre la designación de ministros. En este marco, se han observado maniobras judiciales para trasladar causas relacionadas con la AFA, que involucran a Claudio Tapia y otros dirigentes, hacia juzgados donde la resolución de los conflictos suele dilatarse en el tiempo, evidenciando un manejo selectivo de la justicia federal.