Juan Manuel Serrano, quien desempeñó funciones como jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el seno del PSOE entre los años 2014 y 2018 y posteriormente presidió la entidad pública Correos, ha sido citado este martes para comparecer ante la Audiencia Nacional. El objetivo central de esta diligencia es proceder a la verificación del clonado de su teléfono móvil, una actuación procesal que ha generado una intensa controversia jurídica y que el propio Serrano ha impugnado formalmente.
La cita judicial llega tras un periodo de relativa inactividad en los tribunales durante el mes de agosto, periodo considerado inhábil en la administración de Justicia. Con este movimiento, se reactiva una de las causas judiciales con mayor impacto mediático en la actualidad, la cual investiga la existencia de una presunta trama destinada a desestabilizar diversos procesos judiciales que afectan o están relacionados con el Gobierno de España o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El juez Santiago Pedraz, encargado de dirigir la investigación del denominado "caso Leire Díez", es quien ha convocado a Serrano. La finalidad de la comparecencia es verificar el proceso de clonado del dispositivo móvil del investigado, diligencia que fue llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil los días 14 y 15 de julio. El magistrado busca determinar si dicha prueba puede ser incorporada válidamente a la investigación o si, por el contrario, es necesario acordar y ejecutar un nuevo clonado en sede judicial, contando en esa ocasión con la presencia del investigado o de su representación legal.
La defensa de Juan Manuel Serrano ha mantenido una postura firme de rechazo frente a la forma en que se realizó la extracción de datos. Los abogados del exjefe de gabinete han impugnado la diligencia alegando una falta total de garantías procesales. En su escrito, la defensa no solo ha solicitado la anulación del clonado ya realizado, sino que también ha pedido la devolución inmediata del terminal móvil, solicitando además que no se proceda a una nueva clonación del dispositivo.
El núcleo de la disputa legal reside en las circunstancias en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó el teléfono. Según sostiene la defensa de Serrano, el dispositivo fue incautado sin que existiera una autorización judicial previa y en un momento en el que el ex presidente de Correos aún no ostentaba la condición de investigado en el procedimiento. Asimismo, se cuestiona que la UCO procediera al clonado del terminal sin cumplir el mandato expreso del juez, que exigía que dicha diligencia se realizara en presencia del interesado.
Para entender el contexto de esta comparecencia, es necesario remontarse al pasado 10 de julio, fecha en la que Juan Manuel Serrano fue oficialmente imputado. Esta decisión judicial se tomó tras la recepción de un oficio remitido por la UCO, en el cual se detallaban diversos indicios que apuntaban a la presunta implicación de Serrano en las dos líneas principales de investigación del caso.
La primera de estas vertientes se centra en los presuntos intentos de boicotear causas judiciales con el fin último de "proteger al PSOE". En este sentido, los investigadores sostienen que Serrano mantuvo una colaboración estrecha con Leire Díez, exmilitante socialista, para desestabilizar los procesos judiciales en curso.
La segunda línea de investigación, referida por la defensa como la "rama SEPI", se enfoca en una presunta trama de cobros irregulares o "mordidas" en contratos públicos. A Serrano se le atribuye una participación preeminente en esta trama, específicamente relacionada con la contratación de Leire Díez en Correos. Según la tesis de la investigación, Díez habría impulsado un contrato a través del cual Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), habría percibido una comisión.
No obstante, la defensa de Juan Manuel Serrano discrepa radicalmente de estas conclusiones. Basándose en un atestado previo de la propia UCO, los abogados del investigado sostienen que la realidad de los hechos es opuesta a la tesis acusatoria, afirmando que Serrano fue, en realidad, "utilizado" tanto por Leire Díez como por el expresidente de la SEPI.
