Jorge Quiroga plantea reforma constitucional integral para abrir la economía y eliminar elecciones judiciales

El expresidente de la República y líder de la alianza opositora Libre, Jorge Quiroga, presentó la tarde de este lunes 17 una amplia propuesta de reforma de la Constitución Política del Estado, en la que plantea la eliminación de las elecciones judiciales, la elección de las principales instituciones del Estado por parte de la Asamblea Legislativa, la apertura de la economía nacional a la empresa privada, a la inversión extranjera y la profundización de las autonomías regionales Se trata de una cirugía mayor, con la que planea sacar al Estado de la actual situación de crisis. La propuesta es un documento de 103 páginas en las que el expresidente Quiroga, mediante una conferencia de prensa, hizo conocer la propuesta que pretende sea atendida por la Asamblea Legislativa antes que los proyectos que el gobierno de Rodrigo Paz busca, como la ley de Inversiones. Parte del criterio de que Bolivia requiere de una cirugía para enfrentar los problemas estructurales y alerta que “la dilación en la toma de decisiones no solo profundizará la escasez, el desempleo y el colapso del servicio eléctrico, sino que derivará en la fractura del tejido social y democrático.” reforma.tuto_.jpg En ese sentido, señala que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, según reza el texto constitucional. Entre los cambios más importantes es que se elimina la elección de autoridades judiciales por voto universal y propone que los altos magistrados de la justicia emerjan con la votación del legislativo a partir de sus méritos. “Se propone modificar los parágrafos I y II, bajo el siguiente texto: I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos por el voto de dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. II. El procedimiento para la elección de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional será regulado por ley. Sin embargo se realizará tomando en cuenta criterios y principios de meritocracia, experiencia, ética y participación ciudadana con aquellos actores e instituciones vinculados a la administración de la justicia”, dice. También plantea la supresión de Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura por haber demostrado ineficiencia y gasto oneroso al Estado. Ante ello, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá asumir ambas funciones; en lo agroambiental mediante una sala especializada; y para los procesos de elección y sustanciación de procesos disciplinarios a jueces mediante la creación de una oficina dentro del mismo TSJ, por considerarse aspectos administrativos al igual que en cualquier repartición pública. Otro de los planteamientos es que busca reducir el número de senadores del estado plurinacional, de 36 a 27, de tal manera que cada departamento tenga solo tres representantes. También propone que el periodo máximo que un ciudadano puede llegar a ser Presidente, de manera continua o discontinua, es de 10 años. La Alianza Libre propone que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), actualmente bajo tuición del Ministerio de Gobierno, pase a ser una función del Tribunal Supremo Electoral.- PROPUESTA PARA LAS AUTONOMÍAS En el documento de la alianza Libre hay un capítulo que considera que debe ser reformado, pero no señala alguna iniciativa alguna. Se trata del capítulo de Organización Territorial del Estado, donde señala que “las regiones deberán presentar una propuesta para la reforma de los artículos vinculados a esta Tercera Parte, Título I, Organización Territorial del Estado, exceptuando la autonomía indígena originaria campesina (Arts. 289 a 296 y 304)”. Se trata de un amplio capitulo en el que dice que lo ganado por las autonomías indígenas no será tocado y aguarda a que las gobernaciones y los gobiernos locales hagan conocer sus propuestas. quiroga.jpeg APERTURA A LA ECONOMIA En el capítulo organización económica del Estado, el expresidente Quiroga propone una serie cambios profundos con el fin de que la iniciativa privada y las inversiones que lleguen al país tengan producción de la misma carta magna. Entre otros cambios, propone que el artículo 320 de la CPE tenga el siguiente texto: I. La inversión nacional y extranjera constituye un factor esencial para el desarrollo económico y social del país y el bienestar de la población boliviana. Ambas gozarán de igualdad de condiciones y de trato, conforme a la Constitución y las leyes. II. Toda inversión estará amparada por los principios de seguridad jurídica, transparencia y protección de los derechos legítimamente adquiridos. La inversión extranjera podrá regularse, además, mediante acuerdos de complementación económica y acuerdos bilaterales o multilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, que podrán prever mecanismos de arbitraje internacional y deberán garantizar la reciprocidad, el debido proceso, el derecho a la defensa y la protección de los intereses del Estado boliviano”. En el sector de hidrocarburos, propone eliminar el concepto de que el Estado es el acto central del sector con el siguiente texto: “I. La exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos se realizará mediante el Estado, empresas privadas o mixtas nacionales o extranjeras. La ley determinará su regulación”. La modificación del artículo 306, apunta a que: el modelo económico del Estado debe además fundarse bajo el principio de “seguridad jurídica” hacia todos los actores involucrados en una actividad económica. En otro punto propone que las empresas estatales pueden también operar bajo alianzas público-privadas; asimismo, que el Estado no podrá mantener, subsidiar ni financiar con recursos públicos a empresas o entidades económicas estatales que presenten pérdidas recurrentes o cuya actividad no sea económica y financieramente sostenible, que en lo último constituye un generador de déficit fiscal alarmante, con excepción de empresas y entidades estatales encargadas de la prestación de servicios básicos, salud y transporte, cuando el financiamiento público sea necesario para garantizar su continuidad.