El Partido de la Gente (PDG) atraviesa un periodo de profunda inestabilidad interna. A pesar de que la colectividad ha celebrado recientemente el retorno del diputado Roberto Arroyo, movimiento que permitió recuperar su bancada de 14 parlamentarios en la Cámara, este optimismo político se ve opacado por una serie de indagaciones judiciales que afectan a sus máximos representantes y exdirectivos.
El núcleo del conflicto legal se divide en dos frentes principales. La primera causa se originó en 2024, impulsada por denuncias presentadas por la exdiputada Karen Medina y otros militantes. Estos señalaron la existencia de graves irregularidades en el acto de constitución del partido, ocurrido en el año 2021. Según las advertencias de Medina, se habrían falsificado firmas en la documentación entregada al Servicio Electoral (Servel), lo que llevó a la fiscal Patricia Cerda, integrante del equipo de Alta Complejidad Centro Norte liderado por Ximena Chong, a iniciar una investigación contra el extimonel del partido, Luis Moreno, y el exadministrador general de fondos, Miguel Azar.
Las pesquisas realizadas, según fuentes consultadas, confirmaron la falsificación de una firma perteneciente a Marjorie Catalán, militante que formó parte del Tribunal Supremo de la colectividad. Catalán declaró en su momento que el acta de proclamación del Tribunal Supremo, con fecha 5 de agosto de 2021, era absolutamente falsa, asegurando que el Tribunal Supremo Provisorio nunca sesionó en el lugar indicado ni firmó documento alguno. No obstante, los investigadores han descartado, hasta el momento, la existencia de un perjuicio directo, ya que Catalán sí había aceptado el cargo. Además, la normativa electoral establece un plazo de seis meses para controvertir tales actos, lo que impide impugnar la constitución del partido después de tanto tiempo.
Sin embargo, este caso tomó un giro más complejo cuando las diligencias de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) abrieron una arista vinculada a eventuales delitos de lavado de activos. Según testimonios de militantes, algunos personeros de la formación política fueron vistos quemando cartolas bancarias de cuentas del partido. Los denunciantes sostienen que esta acción buscaba eliminar evidencia sobre presuntos desvíos de dinero.
Pese a estos testimonios, fuentes vinculadas a la investigación han manifestado suspicacias sobre la utilidad de quemar cartolas, dado que la información bancaria permanece disponible en las entidades financieras por un periodo mínimo de seis años. Aun así, la fiscal Cerda ordenó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del PDG y solicitó un peritaje patrimonial exhaustivo para determinar si existieron desvíos de fondos o usos indebidos del dinero del partido. En este contexto, se ha oficiado a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) para revisar reportes sobre exdirectivos, incluyendo a Franco Parisi.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha encontrado indicios contundentes para formalizar la causa, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presidido por Ana María Hübner, mantiene los antecedentes en análisis sin haber emprendido acciones aún. Asimismo, la Fiscalía ha considerado que los balances de 2021 y 2022 fueron aprobados por el Servel sin reparos. No obstante, el foco de atención se ha desplazado hacia los fondos de 2023 y 2024, que suman aproximadamente 1.400 millones de pesos, donde podría haberse producido cualquier eventual desvío. Respecto a estas indagaciones, Franco Parisi señaló a CNN: “No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”.
Paralelamente, el PDG enfrenta otra causa derivada de una denuncia del Servel ante el Ministerio Público por irregularidades en operaciones bancarias y pagos de arriendos que carecen de respaldo. Esta causa también ha sido asignada a la fiscal Patricia Cerda. En este proceso, Miguel Azar vuelve a ser el centro de interés, específicamente por gastos no acreditados relacionados con la contratación de servicios con sociedades vinculadas a él. Entre los antecedentes más críticos figura un cheque emitido a nombre de Azar y cobrado por caja, cuyo destino final los fondos el Servel no ha podido establecer según la información entregada por el partido.
