La crisis política en Nicaragua ha entrado en una nueva fase tras la decisión de Daniel Ortega de anular las elecciones democráticas y extender su mandato por siete años más, los cuales serían prorrogables. En este escenario de consolidación autoritaria, los analistas y activistas políticos Douglas Castro y Eliseo Núñez sostienen que la oposición democrática aún no ha logrado posicionarse como una alternativa de poder viable, lo que inhibe que sectores internos del régimen se arriesguen a un cambio.
Según Núñez y Castro, el principal obstáculo es la falta de una estructura que proyecte seguridad y cumplimiento de promesas. Para que servidores públicos o militares consideren un giro político, deben tener la certeza de que existe una opción capaz de gobernar y de garantizar la estabilidad. Actualmente, el Frente Sandinista sigue siendo el único referente de poder tangible, mientras la oposición lucha por construir una narrativa que trascienda el exilio y la denuncia de derechos humanos.
El análisis profundiza en la estructura del aparato militar y de seguridad. El general Julio César Avilés y la cúpula militar se encuentran estrechamente vinculados a los codictadores, aunque existe una tensión latente entre los altos mandos que han sido bloqueados en sus ascensos. Castro señala que el Ejército teme que un cambio democrático implique la eliminación de la institución, un miedo alimentado por la propaganda oficial. Asimismo, se destaca que la lealtad de muchos oficiales no es hacia el sandinismo o el Estado, sino hacia la familia Ortega-Murillo, sostenida por una red de corrupción y dádivas. Núñez menciona que el manejo de fondos, incluyendo ayuda venezolana estimada en 2,500 millones de dólares, ha servido para blindar la lealtad del estamento militar más alto.
Por otro lado, el rol de Rosario Murillo es determinante en la configuración del futuro régimen. Murillo ha impulsado un proyecto de sucesión dinástica y ha ejecutado purgas sistemáticas dentro del orteguismo, desplazando a cuadros del sandinismo histórico para sustituirlos por un anillo de confianza reducido, donde destacan figuras como Fidel Moreno, Gustavo Porras y su hijo Laureano. Esta estrategia de "disciplinamiento" ha servido como un disuasivo eficaz, generando un clima de vigilancia constante incluso entre los servidores públicos más leales.
Castro argumenta que el régimen se sostiene sobre dos pilares de miedo: el miedo físico (cárcel, asesinato, exilio) y el miedo económico. Para los empresarios y empleados públicos, la dictadura representa una estabilidad precaria pero conocida; en contraste, la oposición es percibida erróneamente como una fuente de caos. Por ello, los analistas sugieren que la oposición debe presentar un "paquete" de garantías que incluya seguridad jurídica para las inversiones, combate al narcotráfico y regularización migratoria, elementos que son prioritarios para actores internacionales como Estados Unidos.
En cuanto a la presión externa, Ortega parece apostar por la supervivencia esperando el fin de la era de Trump o buscando negociaciones operativas con Washington. A pesar de las sanciones, el régimen se muestra envalentonado, creyendo que la comunidad internacional no pasará de los comunicados. No obstante, la oposición sostiene que un modelo democrático, tomando como ejemplo la estabilidad de Costa Rica, ofrece una sostenibilidad mucho mayor que el autoritarismo.
Finalmente, Douglas Castro reflexiona sobre la paradoja del poder actual: aunque la oposición no es hoy una alternativa organizada, la dictadura actúa con una represión preventiva extrema. Ortega, al ordenar la vigilancia de los "opositores agazapados" dentro del país, demuestra que reconoce el potencial de un estallido social si se abre una grieta en el sistema. El reto inmediato para el sector democrático es transformar su narrativa en acciones comunicacionales efectivas que lleguen al interior de Nicaragua, proponiendo un modelo de bienestar social y libertades económicas que sustituya el clientelismo actual por dignidad y derechos básicos.
