El reciente anuncio realizado el 10 de agosto de 2026 por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha vuelto a poner el foco sobre la estructura financiera de Codelco. El Ejecutivo informó que la principal empresa estatal de Chile podrá retener el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, una medida que el biministro Daniel Mas describió como una decisión “fiscal, patrimonial y política” sin precedentes en más de cinco décadas. Sin embargo, detrás de la magnitud de la cifra, emerge un problema estructural que ha persistido a través de distintas administraciones.
Esta situación no es nueva. En junio de 2022, el entonces ministro Mario Marcel anunció un acuerdo para que la empresa retuviera el 30% de sus utilidades, calificando el hecho como un “hito inédito”. Que dos gobiernos de signos políticos opuestos, con cuatro años de diferencia, utilicen adjetivos similares para describir la retención de fondos revela un síntoma crítico: la capacidad de Codelco para reinvertir sus propios recursos no depende de una regla legal establecida, sino de la firma discrecional de las autoridades de turno.
El origen de esta fragilidad reside en el Decreto Ley 1.350 de 1976, una norma de quórum calificado dictada durante la dictadura militar que nunca ha sido reformada en este punto específico. Bajo este marco legal, la regla general establece que los excedentes de la empresa pertenecen al Fisco. En consecuencia, cualquier monto que Codelco logre retener no es el ejercicio de un derecho corporativo, sino una excepción concedida ejercicio por ejercicio mediante la decisión conjunta de los ministerios de Hacienda y Minería.
El análisis de la última década confirma que ninguna de estas decisiones ha creado una regla permanente; se han tratado siempre de autorizaciones acotadas a periodos específicos. Esto implica que el decreto que hoy permite retener la totalidad de las utilidades podría ser reemplazado el próximo año por otro que autorice un porcentaje menor o incluso nada, sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional ni de justificar el cambio más allá del criterio del Ejecutivo.
En cuanto a los montos, el debate público se ha centrado en la utilidad consolidada de 2025, que asciende a US$ 2.423 millones. No obstante, es fundamental desglosar esta cifra: US$ 2.035 millones corresponden al reconocimiento contable del valor razonable de la participación en Novandino Litio, mientras que la utilidad real proveniente del negocio del cobre fue de US$ 388 millones. Al respecto, el exministro Nicolás Grau señaló que, al descontar el efecto contable, la capitalización efectiva ronda los US$ 300 millones, calificándola como "valiosa pero no histórica".
Más allá de la cifra, el problema radica en el diseño del sistema. Codelco debe planificar inversiones estructurales a largo plazo —como Chuquicamata Subterránea, Rajo Inca y los proyectos de El Teniente— con horizontes de diez, veinte o hasta cuarenta años. Sin embargo, su estructura de financiamiento se redefine cada doce meses según la voluntad política. Esta asimetría obliga a la empresa a recurrir a la deuda para cubrir los vacíos financieros, alcanzando actualmente un endeudamiento cercano a los US$ 27.000 millones, cifra que el presidente del directorio considera difícil de reducir en los próximos cuatro años.
Este régimen de excepciones anuales genera tres efectos negativos. Primero, convierte una reinversión ordinaria en un acto de "generosidad" estatal, donde el Estado aparece como alguien que hace un "esfuerzo extra" en lugar de permitir que la empresa opere bajo estándares industriales normales. Segundo, desplaza la discusión de la política pública hacia la disputa de méritos entre gobiernos, centrando el debate en quién puede atribuirse el crédito de la capitalización. Tercero, impide una rendición de cuentas efectiva, ya que las autorizaciones anuales carecen de la continuidad necesaria para establecer metas de reducción de pasivos o reportes estrictos de control.
La crisis de gestión también se refleja en la producción. Codelco ha abandonado sus metas de producción para 2026 tras siete años de proyecciones incumplidas. Si bien existen responsabilidades de gestión, una parte del problema es que una empresa que no controla su estructura de capital tiende a comprometer metas que no puede financiar, recurriendo posteriormente a la deuda.
En conclusión, aunque la capitalización de agosto es una noticia positiva para el balance inmediato, sigue siendo una solución temporal a un problema permanente. Para que el activo público más importante del país sea sostenible, requiere una regla legal estable de retención asociada a su cartera de inversiones, revisable por ley y no por decreto, eliminando la incertidumbre de planificar a décadas con certezas de solo doce meses.
