El Poder Ejecutivo ha fijado como uno de sus objetivos prioritarios para el mes de septiembre obtener la media sanción en el Senado para la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Para lograr este propósito, la Casa Rosada ha acelerado la negociación de acuerdos electorales con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversas fuerzas provinciales, buscando asegurar el respaldo necesario en la Cámara Alta. Desde el Gobierno sostienen que la reforma política ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda legislativa prevista para el segundo semestre del año.
La estrategia del oficialismo se basa en un cálculo detallado de los votos en el Senado. Actualmente, el Gobierno cuenta con los 21 senadores de La Libertad Avanza (LLA), a los cuales espera sumar el apoyo de legisladores radicales e integrantes del interbloque Impulso País. Según los cálculos internos del oficialismo, este núcleo permitiría alcanzar aproximadamente 35 votos, cifra que, sumada a dos respaldos de senadores federales, garantizaría la aprobación de la medida.
Si se analiza la composición formal de estos espacios, el potencial de votos es incluso superior al escenario conservador que maneja el Ejecutivo. LLA posee 21 bancas, la UCR cuenta con 10 y el bloque Impulso País reúne a 7 senadores. No obstante, la Casa Rosada ha optado por no dar por asegurados todos estos apoyos y trabaja sobre una base efectiva de 35 respaldos para evitar imprevistos. El número de 37 senadores se ha establecido como la referencia política ideal para garantizar el quórum y reducir la dependencia de acuerdos urgentes o de último momento. Aunque la aprobación de una ley ordinaria se define por la mayoría de los presentes, el objetivo en Balcarce 50 es llegar a la sesión con una base propia lo suficientemente amplia como para evitar que una ausencia o un cambio de postura individual haga caer el tratamiento del proyecto.
En este esquema, Impulso País —integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut— se ha consolidado como uno de los principales espacios de negociación. Por otro lado, la UCR, con sus diez legisladores, representa el otro pilar sobre el cual el Gobierno pretende construir la base de la votación.
Esta arquitectura parlamentaria está estrechamente vinculada a la aceleración de las conversaciones electorales de cara a 2027. La conducción de La Libertad Avanza está trabajando en entendimientos específicos en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe. La lógica implementada por el Ejecutivo marca un cambio de rumbo: ya no se centran únicamente en los gobernadores dialoguistas que apoyaron reformas previas, sino en construir una base estable con los espacios con los que pretenden competir en alianza en las próximas elecciones nacionales. El objetivo es que el acuerdo electoral se traduzca en un alineamiento legislativo coordinado durante los próximos meses, consolidando una coalición que respalde el proyecto de reelección de Javier Milei.
Uno de los avances más significativos se registra en el acercamiento con Mauricio Macri y el PRO. Ambas fuerzas han establecido una mesa de coordinación con reuniones quincenales. El Gobierno busca incluir en este espacio el acompañamiento a la suspensión de las PASO. Por su parte, el macrismo solicita garantías claras sobre el armado electoral antes de renunciar a las primarias, una herramienta que consideran relevante para la negociación de candidaturas. Esta negociación abarca territorios clave como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut.
Simultáneamente, el Ejecutivo busca profundizar vínculos con sectores de la UCR, especialmente en Mendoza y Chaco, manteniendo diálogos con dirigentes radicales y aliados provinciales. Para ampliar estos entendimientos, el Gobierno analiza el uso de herramientas de gestión, como la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la habilitación de obras públicas. Aunque admiten que podrían necesitar respaldos adicionales para votaciones ajustadas, el núcleo de la estrategia seguirá siendo la alianza con el PRO y la UCR.
Un caso particular que el oficialismo observa con atención es el de Misiones. El Gobierno ve una oportunidad de negociar con el sector de Carlos Rovira, aprovechando la disputa existente entre este y el gobernador Hugo Passalacqua. Esta tensión interna ha afectado la cohesión de los votos misioneros en el Senado. El oficialismo cree que el armado de las listas provinciales podría permitirles sumar al menos un respaldo más a la reforma política. En este escenario, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se encuentran atravesados por la ruptura entre Rovira y Passalacqua, mientras que el senador Martín Goerling, integrante del Frente PRO y de Impulso País, ya forma parte del esquema de aliados.
La urgencia por suspender las PASO responde a la intención de evitar que el calendario electoral de 2027 incluya la secuencia de primarias, elecciones generales y un eventual balotaje. Esta decisión obliga al oficialismo a cerrar los pactos políticos con antelación para asegurar la estabilidad del proyecto legislativo y electoral.





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