El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un dispositivo de urgencia que se desplazará en los próximos días a la ciudad autónoma de Ceuta. Este equipo técnico tiene como misión fundamental coordinar la puesta en funcionamiento de diversos centros provisionales de acogida, diseñados para atender a los miles de migrantes que todavía se encuentran dispersos por diversos puntos de la ciudad tras la entrada masiva de personas registrada el pasado 30 de julio.
El despliegue de este equipo ministerial coincidirá con la visita oficial de la titular de la cartera, Elma Saiz, programada para el próximo lunes. El objetivo central de esta misión es realizar un análisis exhaustivo y sobre el terreno de los distintos emplazamientos que se están barajando para la habilitación de estos recursos. La prioridad del Gobierno es determinar con precisión cuáles de estos espacios pueden ser acondicionados con la mayor celeridad posible para mitigar la situación actual.
De acuerdo con la planificación gubernamental, la intención es iniciar la operatividad de estos dispositivos de manera escalonada. El objetivo inmediato es que, al menos, dos de estos centros, con una capacidad conjunta cercana a las mil personas, puedan estar plenamente operativos durante la próxima semana, específicamente en el intervalo comprendido entre el 17 y el 23 de agosto.
No obstante, la búsqueda de espacios adecuados se ha convertido en uno de los mayores retos para las administraciones involucradas. Esta dificultad responde a dos factores críticos: en primer lugar, las dimensiones extremadamente reducidas de Ceuta, que cuenta con una superficie de apenas 19 kilómetros cuadrados, y en segundo lugar, el rechazo manifiesto que están expresando los vecinos ante las posibles ubicaciones propuestas para los centros.
Entre las alternativas que se encuentran actualmente sobre la mesa de análisis figura la pista deportiva del Acuartelamiento Montesa número 3. Asimismo, se estudia la viabilidad de utilizar la explanada donde se ubicaba la antigua fábrica de guano, situada entre las zonas de Benítez y Calamocarro. Esta última opción, sin embargo, requeriría una intervención de acondicionamiento de envergadura. Para acelerar este proceso, el Gobierno contempla ejecutar las obras a través de Tragsa o mediante la firma de contratos puntuales con entidades sociales locales de la ciudad.
Otra de las posibilidades que se están evaluando es la zona portuaria, concretamente el área donde antiguamente se encontraban los chalets de la autoridad portuaria. No obstante, esta opción también enfrenta una fuerte oposición. Residentes y comerciantes del entorno han manifestado su malestar, argumentando que la presencia diaria de numerosos migrantes en la zona ya es considerable y que la instalación de un nuevo recurso de acogida agravaría la situación actual del sector.
Fuentes conocedoras de las gestiones señalan que una de las opciones con mayor potencial para ofrecer una respuesta más amplia serían las naves del Tarajal. Sin embargo, el uso de estas instalaciones implicaría la necesidad de alcanzar acuerdos de arrendamiento con sus propietarios privados, además de llevar a cabo una adaptación previa de los espacios. El objetivo sería dotar a estas naves de los servicios básicos indispensables para garantizar la atención y la permanencia digna de las personas acogidas.
La complejidad de la respuesta no radica únicamente en la localización de superficies disponibles, sino en la transformación técnica de dichos espacios. Para que puedan funcionar como centros de acogida, las instalaciones deben contar obligatoriamente con servicios básicos, zonas específicas de atención y condiciones mínimas de habitabilidad, permitiendo que las personas permanezcan allí mientras se resuelve su situación administrativa.
Por razones de operatividad y falta de espacio, el Gobierno ha descartado la creación de un único macrocentro que concentre a todos los migrantes. En su lugar, la previsión es habilitar centros temporales distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con capacidades variables según la infraestructura disponible.
A estos primeros dispositivos se sumarán otros centros adicionales. Está previsto que, hacia finales de agosto, entre en funcionamiento un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Este centro tendrá la función específica de recepción inicial, identificación, asistencia y tramitación de las personas que accedan de forma irregular al territorio español.
La urgencia de todas estas medidas se fundamenta en la situación crítica que persiste en Ceuta. Según las estimaciones actuales, se calcula que entre 5.000 y 8.000 personas continúan dispersas por la ciudad. Esta situación es consecuencia de la entrada masiva del 30 de julio, jornada en la que, según las cifras manejadas por el Gobierno, accedieron más de 80.000 personas.
