La Cámara de Diputados de Bolivia ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento de las irregularidades relacionadas con la importación de combustibles. Este jueves, el pleno legislativo aprobó el informe final de la Comisión Especial de Investigación encargada de analizar el caso denominado “gasolina basura”, llegando a conclusiones severas sobre la gestión de los hidrocarburos en el país.
El documento final es categórico al señalar que el ingreso, la internación y la posterior comercialización de gasolina desestabilizada en el territorio boliviano no fue el resultado de un hecho fortuito. Por el contrario, la comisión sostiene que este proceso respondió a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas profundas. En este sentido, el informe recomienda profundizar las investigaciones para establecer con precisión las responsabilidades individuales de quienes permitieron que este combustible llegara al mercado.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Cámara de Diputados ha planteado remitir todos los antecedentes recopilados a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público. El objetivo de esta remisión es que ambas instancias inicien las investigaciones administrativas y penales correspondientes, determinando quiénes deben responder legalmente por las irregularidades detectadas durante el proceso de importación y venta de este combustible.
Las observaciones detalladas en el informe alcanzan a dos gestiones de Gobierno distintas. En lo que respecta a la administración del expresidente Luis Arce, el documento menciona específicamente al exmandatario, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen. Para estas autoridades, se busca determinar su grado de responsabilidad en la cadena de mando que permitió la entrada de la gasolina desestabilizada.
Asimismo, el informe señala a exautoridades pertenecientes a la gestión del presidente Rodrigo Paz. Entre los mencionados se encuentran el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, el expresidente de YPFB Yussef Akly y la exdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala. En el caso específico de la ANH, las observaciones no se limitan a Ayala, sino que alcanzan también a Germán Jiménez y Joel Callaú Justiniano, quienes estuvieron al frente de dicha entidad durante la administración anterior.
Un punto relevante del informe es que las recomendaciones de investigación no se detienen en quienes ya dejaron sus cargos públicos. El documento aprobado plantea la necesidad de profundizar las indagaciones sobre las actuaciones y posibles responsabilidades de las autoridades y funcionarios que integran la actual administración del sector de hidrocarburos. Esto tiene como fin establecer si existieron acciones u omisiones recientes relacionadas con los hechos investigados que pudieran haber agravado la situación.
En cuanto a los aspectos técnicos, la comisión concluye que existió una “ausencia total de control de calidad” en los procesos de verificación. La investigación identificó presuntas fallas críticas en diversos eslabones de la cadena de suministro, haciendo especial énfasis en las actuaciones de YPFB y la ANH. El informe cuestiona seriamente los mecanismos utilizados para verificar que la calidad del combustible fuera la adecuada antes de ser puesto a disposición de los consumidores.
La aprobación de este informe ocurrió tras una jornada legislativa extensa y marcada por un clima de distracción en el hemiciclo. Durante la lectura del documento, que contó con la presencia de aproximadamente 45 diputados, se observó que algunos legisladores conversaban entre sí o no prestaban atención a las conclusiones expuestas. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, permaneció por diversos momentos fuera de su curul conversando con otros parlamentarios mientras se desarrollaba la lectura.
Tras finalizar la lectura, la sesión entró en un cuarto intermedio que se prolongó por cerca de dos horas. Una vez reinstalada la sesión, se abrió el espacio de debate y, finalmente, el pleno procedió a aprobar el informe de la comisión especial.
Con esta aprobación, se da por concluida la etapa de investigación parlamentaria. El proceso ahora se traslada a las instancias judiciales y administrativas del Estado. La Contraloría y el Ministerio Público serán los encargados de analizar las pruebas y recomendaciones para determinar si las irregularidades detectadas constituyen delitos penales o faltas administrativas, y definir quiénes deberán asumir la responsabilidad legal por el caso de la “gasolina basura”.
