El profesor Miguel Antonio Bernal ha manifestado que el proceso encaminado hacia la creación de una nueva Carta Magna en Panamá continúa avanzando con paso firme. Durante un reciente encuentro sostenido con miembros de su colectivo, Bernal dejó clara la hoja de ruta y el objetivo temporal de esta iniciativa: la meta es que el país cuente con una nueva Constitución antes del año 2029.
Uno de los puntos fundamentales destacados por Bernal durante su intervención es la garantía de estabilidad institucional. El profesor aseguró que el camino hacia este nuevo marco constitucional se llevará a cabo sin alterar los periodos ya establecidos para los funcionarios que han sido electos, asegurando así que la transición normativa no interfiera con los mandatos vigentes de las autoridades actuales.
Para respaldar la viabilidad y el conocimiento de esta propuesta, Bernal detalló el arduo trabajo de campo realizado durante los últimos dos años. Según sus declaraciones, ha coordinado y llevado a cabo cerca de 1,400 reuniones informativas. El propósito de estos encuentros ha sido explicar detalladamente la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente y exponer los fundamentos que sustentan la necesidad de este cambio estructural en el Estado panameño.
A pesar de los avances reportados por Bernal, la propuesta ha generado diversas reacciones dentro de las fuerzas políticas que la apoyan. Dirigentes del Partido Popular (PP) han expresado que, aunque la convocatoria a una Asamblea Constituyente está cobrando fuerza, todavía existe una brecha importante en cuanto al alcance del debate público. Desde la perspectiva del PP, es imperativo que la discusión no se limite a reuniones cerradas o sectores específicos, sino que se traslade a una base mucho más amplia de la ciudadanía panameña.
En este sentido, los representantes del Partido Popular han solicitado un incremento significativo en la visibilidad del proyecto. Reclaman la implementación de una estrategia de divulgación masiva que utilice todos los canales de comunicación disponibles, incluyendo la televisión, la radio, la prensa escrita y las redes sociales. El objetivo de esta demanda es que la población general pueda conocer con exactitud cuáles son los cambios que se plantean y, consecuentemente, tenga la capacidad de participar activamente en la discusión nacional.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Cirilo Salas, ha hecho un llamado directo a Miguel Antonio Bernal para que inicie conversaciones con otras fuerzas políticas. Salas sostiene que una reforma de esta magnitud, que busca modificar la ley fundamental del país, no puede ser un proceso aislado, sino que debe involucrar necesariamente a diversos sectores políticos y sociales para garantizar su legitimidad y representatividad.
En cuanto al contenido de la discusión constitucional, el proceso abarca temas críticos para la organización del Estado. Entre los puntos principales se encuentran la metodología para la elección de los constituyentes, la reestructuración de la justicia, la definición y límites del poder presidencial, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana. Asimismo, el debate pone especial énfasis en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios.
La demanda de inclusión ha sido subrayada por diversos sectores sociales. Desde la comarca Ngäbe-Buglé, Israel Montezuma ha reclamado formalmente que cualquier eventual Asamblea Constituyente cuente con una representación indígena real y efectiva, asegurando que las voces de las comarcas sean escuchadas en la redacción de la nueva ley. En la misma línea de representatividad, Mariela Reyes ha enfatizado la necesidad de garantizar una participación amplia y equitativa de las mujeres en este proceso.
De esta manera, mientras el profesor Bernal mantiene la meta del 2029 como horizonte, el debate interno y social se centra ahora en cómo hacer que este proceso sea lo suficientemente abierto, inclusivo y divulgado para que el pueblo panameño sea el verdadero protagonista de la reforma.

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