El presidente Javier Milei confirmó que el proyecto para derogar la Ley del Libro no ingresará al Congreso. La decisión, que pone fin a una controversia que mantuvo en alerta al sector editorial y librero durante el último mes, fue ratificada por el mandatario ante una consulta de Infobae, asegurando que la agenda legislativa es determinada por la mesa política, donde existe una "perfecta consonancia en el proceso decisorio".
Esta resolución fue anticipada previamente por la senadora Patricia Bullrich, quien señaló que el bloque decidió priorizar el avance hacia "medidas más estructurales". En sus declaraciones, Bullrich fue tajante al afirmar que el rubro de las farmacias y las librerías no entran en esa categoría de reformas prioritarias, dejando así el anteproyecto fuera de la agenda legislativa inmediata.
El conflicto se originó a partir de una propuesta emanada de las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El plan preveía la eliminación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, normativa que establece la denominada "Ley de Precio Fijo". Bajo este esquema, es el editor quien fija el precio de venta de sus libros, el cual debe ser el único aplicado en el mercado, impidiendo que las librerías compitan mediante descuentos.
Desde el Ministerio de Desregulación, los argumentos a favor de la reforma se centraban en la accesibilidad. Sostenían que eliminar la restricción de precios permitiría que las librerías compitieran a través de promociones y descuentos, beneficiando directamente al consumidor final. Según los voceros del ministerio, la experiencia internacional respaldaría este enfoque, argumentando que no existiría evidencia global de que el precio fijo sea indispensable para preservar la bibliodiversidad. Asimismo, insistieron en que la reforma no buscaba eliminar editoriales ni derechos de autor, sino simplemente prohibir la restricción a la competencia de precios.
Sin embargo, la propuesta generó un rechazo masivo y transversal en la industria. Desde las librerías independientes hasta los grandes grupos comerciales, el argumento central fue el temor al "dumping". El sector advirtió que, sin un precio único, los actores con mayor capacidad económica podrían subsidiar los títulos más masivos para atraer clientes, provocando el cierre de los emprendimientos más pequeños que venden títulos de tiradas menores.
Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA y dueño de las librerías Yenny y El Ateneo, manifestó su preocupación en una entrevista con la revista Forbes. Vincenzi alertó que el mercado podría ser devastado en poco tiempo por la entrada de supermercados o plataformas como Mercado Libre, cuya estructura favorece el precio más bajo. Según el empresario, para un supermercado el libro representaría una fracción mínima de sus ventas, permitiéndoles regalar el producto y asfixiar a las librerías tradicionales.
Por su parte, Juan Pablo Armenio, integrante de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, aportó datos sobre la experiencia en Inglaterra, donde la desregulación habría resultado en el cierre de 500 librerías y una reducción de la cuota de mercado de los comercios pequeños, provocando incluso un aumento de precios en los libros que no eran best sellers.
A pesar del rechazo, algunas voces dentro del sector reconocieron que la ley actual ha quedado obsoleta frente a los avances tecnológicos. Víctor Malumián, responsable de la editorial Godot, sugirió que es necesaria una actualización de la norma, aunque descartó que la desregulación total sea el camino correcto. En sintonía, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, destacó que las librerías funcionan como centros culturales locales con una función social irremplazable, aunque admitió que existen visiones diversas sobre si la ley debe mantenerse intacta o modernizarse según los nuevos hábitos de consumo.
La periodista Flavia Pitella también analizó la situación, señalando que la promesa de la desregulación suele ofrecer beneficios temporales al consumidor, pero que a largo plazo el precio fijo desplaza la competencia desde el costo hacia el catálogo y el criterio curatorial de la librería.
Finalmente, aunque voceros del Ministerio de Desregulación indicaron que "no hay nada definido", la postura de Bullrich y la confirmación de Milei dejan claro que la norma no será debatida en el Congreso hoy. Esta decisión es interpretada como una victoria para el sector editorial, que logró movilizarse y hacer valer su postura ante el Gobierno.
