Ministro de Justicia propone incorporar reservistas y expolicías para restablecer el orden en los penales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, ha delineado la hoja de ruta de su gestión al frente de la cartera, estableciendo una prioridad clara y secuencial: el restablecimiento del orden interno en los centros penitenciarios como condición indispensable para cualquier proceso posterior de resocialización de los internos. Según el titular del sector, la rehabilitación de las personas privadas de su libertad es inviable si no se garantiza primero la autoridad dentro de los penales.

Durante una intervención en el programa Canal N, el ministro fue enfático al señalar que la ausencia de orden anula la autoridad, y que sin una autoridad consolidada, no puede existir un proceso real de rehabilitación. Bajo esta premisa, Álvarez Miranda sostiene que el agente penitenciario desempeña un rol fundamental en el sistema, requiriendo que el personal encargado de la vigilancia diaria actúe con mística y valores sólidos.

Para materializar este objetivo, el ministro propuso una medida concreta que planea exponer ante el Consejo de Ministros: la convocatoria de reservistas de las Fuerzas Armadas y exefectivos policiales para que se integren como agentes penitenciarios. Esta propuesta busca aprovechar el capital humano que ya posee una formación castrense, argumentando que estos profesionales, en lugar de trabajar en compañías de seguridad privadas con remuneraciones deficientes, deberían ser integrados al sistema penitenciario mediante un proceso de concurso, bajo la supervisión de la Superintendencia de Penales.

La lógica detrás de esta iniciativa radica en que el personal militar y policial posee una formación en valores y una convicción de defensa nacional que los haría menos vulnerables a las redes de corrupción tejidas por los líderes criminales que se encuentran recluidos en las cárceles. El ministro destacó que el Estado peruano ya ha invertido en la capacitación de estos efectivos, mencionando que existen mayores y comandantes con especializaciones obtenidas en países como Estados Unidos, China y Rusia, quienes actualmente realizan labores de patrullaje en distritos, cuando sus competencias técnicas serían mucho más útiles y necesarias dentro del sistema penitenciario.

En cuanto a la situación actual de las cárceles, Ernesto Álvarez fue crítico y tajante al afirmar que en el Perú no existe una rehabilitación real de los presos. El ministro calificó como un "relato falso" la idea sostenida durante los últimos 30 años de que el fin primordial de la pena es la resocialización. Según su análisis, el sistema ha cometido el error de enfocar todos sus esfuerzos en el delincuente, descuidando al verdadero usuario del sistema de justicia: el ciudadano común y la víctima.

Álvarez Miranda advirtió que, bajo el modelo actual, no es posible rehabilitar al reo para luego reinsertarlo en la sociedad, ya que esto termina creando un "circuito de delincuentes" dentro de los penales. Por ello, abogó por una gestión moderna del sistema penitenciario que rompa con dogmas antiguos y se adapte a las necesidades del siglo XXI.

Entre las innovaciones propuestas, el titular de Justicia mencionó la posibilidad de implementar la gestión privada y la construcción privada de penales. Asimismo, planteó un cambio en la infraestructura carcelaria para optimizar los costos y la eficiencia. Propuso la creación de penales diseñados específicamente para personas condenadas por delitos no violentos, los cuales serían más sencillos y económicos, construidos con materiales prefabricados y circuitos de alambrado, pero manteniendo siempre condiciones básicas de dignidad.

En contraposición a estos centros simplificados, el ministro sostuvo que las cárceles de gran envergadura, citando como ejemplo el penal de Lurigancho en Lima, deben reservarse exclusivamente para reos de alta peligrosidad o aquellos que hayan cometido delitos violentos, asegurando así una segregación efectiva basada en el nivel de riesgo.

Finalmente, el ministro de Justicia informó que el Poder Ejecutivo ha iniciado un proceso de acercamiento con el Ministerio Público y la Policía Nacional. El objetivo de esta coordinación interinstitucional, que incluye también al Ministerio del Interior, es definir y abordar con claridad quién debe encabezar las investigaciones preliminares frente a la comisión de delitos, buscando optimizar la respuesta del Estado ante la criminalidad.