Este martes se llevó a cabo una concentración ciudadana frente a la sede del Tribunal de Casación Penal bonaerense, ubicada en la calle 43 entre 12 y 13. La movilización tuvo como objetivo principal acompañar y visibilizar el reclamo de Patricia Godoy, quien busca revertir una condena judicial de 4 años y 6 meses de prisión. La sentencia fue dictada en su contra bajo el cargo del delito de “falso testimonio”, derivado de su participación como testigo en el proceso judicial por el cuádruple femicidio de La Loma, un hecho trágico ocurrido en noviembre de 2011.
El reclamo fue impulsado y respaldado por diversas organizaciones que acompañan la causa de Godoy. Según el planteo de estas entidades, el fallo judicial no solo es considerado ilegítimo y arbitrario, sino que sostienen que el mismo es profundamente machista. Las organizaciones denuncian que la sentencia se encuentra atravesada por estereotipos de género y que, por lo tanto, se encuentra alejada de los estándares nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
En el plano legal, Patricia Godoy fue convocada siguiendo lo establecido en el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal bonaerense. Esta normativa faculta al imputado o a su defensa técnica a recurrir sanciones que superen los tres años de prisión. En este caso, la estrategia legal está siendo llevada adelante por el abogado Ignacio Fernández Camillo, quien ha sido el encargado de gestionar los recursos correspondientes ante la instancia superior.
Durante el desarrollo de la jornada, el letrado Fernández Camillo explicó la naturaleza del trámite procesal actual, señalando que se trata de una audiencia de mejoramiento del recurso. El objetivo fundamental de esta instancia es lograr que los jueces escuchen directamente el testimonio de Godoy, ya que, según afirmó el abogado, hasta el momento la mujer no ha tenido la oportunidad de expresarse personalmente ante el tribunal.
Paralelamente al reclamo jurídico, los seguidores y las organizaciones que apoyan a Godoy cuestionaron duramente los argumentos utilizados por la acusación para sostener la condena. Denuncian que se emplearon prejuicios y argumentos machistas para construir la imagen de la mujer durante el proceso. Específicamente, señalan que la acusación presentó a Godoy bajo la figura de una “madre vengativa” y puso en duda su militancia feminista.
Uno de los puntos más críticos señalados por los manifestantes fue la afirmación de la acusación, considerada sin sustento alguno, de que la declaración de Godoy tenía como objetivo obtener “beneficios” en la investigación sobre el femicidio de su propia hija. Este hecho, ocurrido también en el año 2011, constituye un doloroso antecedente personal para Godoy, ya que, según denuncian sus acompañantes, dicho crimen continúa impune hasta el día de hoy.
Finalmente, las organizaciones que respaldan a Patricia Godoy emitieron una advertencia sobre el impacto social y jurídico de esta sentencia. Sostienen que la condena no debe verse como un hecho aislado, sino que representa un grave precedente para el sistema judicial. El argumento central es que este fallo transforma a una víctima en acusada, desconociendo las obligaciones que tiene el Estado de juzgar con una perspectiva de género adecuada.
En este sentido, advirtieron que este tipo de sentencias envían un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que deciden denunciar, testificar o continuar reclamando memoria, verdad y justicia en causas de violencia de género. La concentración frente al Tribunal de Casación Penal bonaerense se convirtió así en un espacio de denuncia contra lo que consideran una vulneración de los derechos humanos y una falta de aplicación de los protocolos de género en la justicia penal.
