SIP advierte riesgos a la libertad de prensa por decreto de secreto de Estado en seguridad

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación ante la publicación del decreto 45870, mediante el cual el Gobierno ha declarado como secreto de Estado toda la información vinculada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo denominado Fuerza Élite.

La organización periodística señaló que observa con especial inquietud que esta medida tienda un "velo" sobre aspectos fundamentales como los presupuestos, los gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública. Para la SIP, estos ámbitos son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, por lo que su restricción representa un riesgo para la fiscalización ciudadana.

En un comunicado, la entidad advirtió que esta disposición podría obstaculizar significativamente la labor periodística y restringir el acceso a información que es de evidente interés público, lo que traería consecuencias directas para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada sobre la gestión gubernamental.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, reconoció que los Estados tienen la facultad de proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, a funcionarios o a terceros. No obstante, enfatizó que la clasificación de información como secreto de Estado debe ser una medida excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes. Lo anterior, señaló, es fundamental para evitar que se impongan restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública.

El decreto 45870, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, fue publicado en La Gaceta el pasado lunes 10 de agosto. El documento establece que la declaratoria se emite por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales. Debido a que la información ha sido catalogada como "confidencial y de acceso restringido", el proceso quedó exceptuado de la consulta pública. Además, la norma extiende el secreto de Estado a cualquier otra coordinación sobre seguridad y defensa del Estado que sea dirigida por la Presidencia de la República.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó como preocupante que el decreto imponga un deber de confidencialidad indefinido a todas las personas vinculadas con los organismos afectados. Esta obligación incluye la posibilidad de aplicar sanciones a quienes divulguen o compartan información clasificada. Ramos alertó que tales disposiciones no deben transformarse en mecanismos para impedir el trabajo de investigación periodística ni para limitar el escrutinio de asuntos de interés público.

Los directivos de la SIP hicieron un llamado a las autoridades para que establezcan una distinción clara entre la información operativa, cuya reserva puede estar justificada por razones de seguridad, y aquella relacionada con presupuestos y contrataciones, la cual debe permanecer bajo los principios de transparencia.

El alcance del secreto de Estado definido en el decreto es amplio. Incluye, entre otros elementos, las formas de operación de la delincuencia organizada, las dinámicas policiales de prospección y despliegue, las capacidades operativas, los procedimientos especiales, los planes de respuesta, las estructuras de mando, los protocolos de intervención, los recursos tecnológicos y los mecanismos de inteligencia.

Asimismo, la norma abarca las fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública promovidos o ejecutados para beneficio del Consejo, la DIS y la Fuerza Élite, así como las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados en su seno. Esta restricción absoluta de acceso regirá independientemente de si las contrataciones se realizan con instituciones del Estado, entes públicos no estatales, consorcios o entidades privadas, ya sean nacionales o extranjeras.

Respecto a la Fuerza Élite, el texto indica que está conformada por la presidenta Fernández y otros altos jerarcas del Estado, incluyendo a los ministros de Seguridad y de Justicia. Este grupo se reúne cada lunes con el objetivo de abordar la lucha contra el crimen organizado. El gobierno ha argumentado que la declaratoria responde al riesgo que representan estructuras criminales ligadas al sicariato, el lavado de dinero y el narcotráfico, asegurando que divulgar estos datos revelaría vulnerabilidades institucionales y pondría en peligro la vida de funcionarios y sus familias.

Finalmente, el decreto establece que cualquier persona vinculada a estos temas está obligada a guardar absoluta confidencialidad. Aquellos que incumplan lo dispuesto se enfrentarán a los procedimientos y sanciones correspondientes al quebrantamiento del secreto de Estado, además de la finalización de su relación contractual de pleno derecho y sin responsabilidad para la Administración Pública. También se incluyó bajo secreto de Estado la articulación derivada del Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios.