El Gobierno reglamentó el cobro de servicios sanitarios para extranjeros no residentes

El Gobierno Nacional ha oficializado la reglamentación del procedimiento mediante el cual los hospitales nacionales comenzarán a cobrar por sus servicios a aquellas personas extranjeras que no posean residencia en el país. La medida fue ejecutada por el Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, y fue publicada durante la madrugada del martes en el Boletín Oficial.

Esta resolución representa la puesta en marcha de un punto específico de la reforma migratoria que la administración de Javier Milei había impulsado previamente en mayo de 2025 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025. En aquel momento, el decreto ya incorporaba exigencias más estrictas para quienes deseen ingresar al territorio argentino y establecía condiciones más rigurosas para la obtención de la residencia permanente.

Uno de los ejes centrales de aquel DNU era otorgar la facultad a las universidades y a los hospitales nacionales de cobrar por sus prestaciones a los extranjeros que no cuenten con residencia. Mientras que en el ámbito educativo el Gobierno ya había señalado a las instituciones universitarias por la falta de implementación de este arancelamiento, en el área de salud la medida permanecía pendiente hasta la publicación de la actual resolución.

Con la aprobación del “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”, el Poder Ejecutivo establece reglas claras sobre quiénes deben pagar y cómo se llevará a cabo dicho proceso. De acuerdo con la normativa, la situación de los extranjeros residentes permanentes no se ve alterada; estas personas continuarán teniendo el mismo acceso al sistema de salud nacional que los ciudadanos argentinos, siempre que acrediten su condición migratoria mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para los extranjeros no residentes, el Gobierno ha habilitado dos mecanismos de cobro. En primer lugar, aquellos que cuenten con un seguro de salud permitirán que el hospital facture el costo de la atención directamente a la entidad aseguradora. En segundo lugar, aquellos pacientes que no posean ningún tipo de cobertura sanitaria deberán abonar el costo de la prestación de manera previa.

No obstante, la reglamentación mantiene una excepción fundamental relacionada con la urgencia médica. Tal como ya disponía el DNU 366, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, sin importar su situación migratoria. La normativa es explícita al señalar que la asistencia no podrá ser negada ni demorada por cuestiones de trámites administrativos en situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales.

Dentro de esta categoría de atención prioritaria y gratuita en el momento inicial se encuentran los infartos, los accidentes cerebrovasculares (ACV), los traumatismos graves, las hemorragias masivas y todas aquellas emergencias de carácter obstétrico, pediátrico o neonatal. Sin embargo, el texto aclara que una vez que la situación de emergencia haya sido superada y el paciente esté estabilizado, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora, según corresponda el caso.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el objetivo de esta resolución es unificar el procedimiento en todos los hospitales nacionales y fijar reglas precisas para la recuperación de los costos de las prestaciones brindadas a los no residentes. A pesar de esta unificación, la cartera de Salud precisó que serán los propios hospitales los encargados de diseñar el mecanismo operativo y ejecutar su implementación final.

Esta medida se inscribe en un contexto de endurecimiento de la política migratoria del Gobierno. La escalada discursiva y política en esta materia se intensificó tras el Mundial 2026, periodo en el cual el Ejecutivo denunció una “campaña antiargentina” y manifestó su rechazo ante manifestaciones de hostilidad contra el país en redes sociales.

Como parte de esta estrategia, La Libertad Avanza ya había presentado un proyecto en la Legislatura Bonaerense solicitando que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la educación universitaria y la atención en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el presidente Javier Milei había firmado un DNU que faculta la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, violencia o discriminación contra los argentinos basándose en su nacionalidad.