El exintendente Julio Garro, junto a diversos exfuncionarios de su administración, fueron notificados en las últimas horas de su imputación en una causa judicial que investiga la presunta comisión de delitos graves. La instrucción, que ahora se encuentra bajo la responsabilidad del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº5, se centra en el hallazgo de desarrollos inmobiliarios y loteos para viviendas realizados de manera ilegal.
Los cargos imputados incluyen enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de la figura del exmandatario municipal, la investigación alcanza a otros siete exfuncionarios que formaron parte de su gestión.
En el marco de estas notificaciones, el exintendente Julio Garro, acompañado por su exsecretario de Coordinación, Oscar Negrelli, y la extitular de Planeamiento, María José Botta, se presentaron el pasado viernes en la sede de la UFI Nº5. El objetivo de la citación fue informarles formalmente que el fiscal Juan Menucci es ahora el encargado de conducir la causa en la que se encuentran imputados. En el transcurso de la mañana del día siguiente, la exdirectora general de Planeamiento, Marcela Rogg, también fue notificada sobre el cambio de fiscalía. Asimismo, se prevé que en los próximos días sean notificados otros excolaboradores, entre los que se destaca el exsecretario de Obras Públicas, Luis Barbier.
Es importante destacar que Julio Garro ya había sido imputado el año pasado. Aquella acción judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la actual administración del intendente Julio Alak, la cual fue impulsada inicialmente en marzo por el entonces fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Sin embargo, la instrucción sufrió un cambio significativo el pasado 24 de julio, durante la feria judicial, cuando el fiscal Condomí fue recusado debido a presuntas "demoras e inacción" en el avance de la causa. Tras esta recusación, el expediente fue reasignado al fiscal Menucci.
De acuerdo con el escrito judicial al que tuvo acceso el diario EL DIA, se le notificó formalmente a Garro su condición de imputado. El documento aclara explícitamente que dicha situación "no implica una declaración de culpabilidad". La causa, denominada "Loteos ilegales", ha sido caratulada bajo los cargos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el proceso interviene el agente fiscal Juan Menucci y la jueza de Garantías Nº5, Marcela Garmendia.
La imputación se extiende además a la posible afectación ambiental de incidencia colectiva, citando los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General de Ambiente Nº25.675. Con un expediente que ya supera los 14 cuerpos, la etapa de instrucción continuará en la UFI Nº5. La Fiscalía ha programado citaciones para los próximos días de otros exfuncionarios, entre ellos el exsubsecretario de Obras Públicas, Leandro Ronga; el exsubsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas, Augusto Sciarreta; y el exdirector general de Obras Viales, Marcelo Genoro, además de personas particulares cuyos nombres aún no han sido revelados.
El origen de este proceso judicial se remonta a la denuncia penal interpuesta por la gestión de Julio Alak en octubre de 2024. La presentación, firmada por la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino, señala irregularidades en emprendimientos inmobiliarios ocurridos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2023.
La denuncia sostiene que los funcionarios públicos de la gestión anterior cometieron irregularidades gravísimas al desobedecer órdenes expresas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las cuales prohibían autorizar urbanizaciones que no contaran con la obligatoria convalidación legal y técnica según la normativa vigente. Según el documento, el ejecutivo municipal anterior permitió urbanizaciones ilegales, perjudicando tanto al erario público como a los ciudadanos de La Plata.
La presentación judicial solicita investigar la omisión deliberada de controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la facilitación de estos desarrollos, lo que podría constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, especialmente al ignorar las reiteradas objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial. Finalmente, se advierte sobre el avance de estas urbanizaciones sobre el cordón frutihortícola, lo que implicaría violaciones a las leyes ambientales. Según los datos aportados por la Comuna, se estima que existen aproximadamente 450 loteos ilegales distribuidos en diversos barrios de la ciudad.
