La situación económica de las familias en el departamento de Tarija ha entrado en una fase de alta preocupación debido al incremento sostenido en el precio del kilo de pollo, un producto que históricamente ha sido el pilar de la proteína más accesible para los hogares de diversas clases sociales. Esta tendencia al alza no solo afecta el presupuesto alimentario, sino que ha desencadenado una ola de críticas hacia las entidades estatales encargadas de velar por los derechos del consumidor.
En la actualidad, el mercado presenta disparidades significativas según la zona de comercialización. Mientras que en la ciudad de Tarija el kilo de pollo se está vendiendo en un rango de entre 27 y 28 bolivianos, la situación es mucho más crítica en las provincias, donde el producto ha llegado a comercializarse hasta en 30 bolivianos. Sin embargo, la realidad en los barrios es aún más alarmante; según denuncias de dirigentes vecinales, en las tiendas de barrio el precio se ha disparado hasta alcanzar los 32 y 33 bolivianos, convirtiendo a este alimento en lo que algunos califican como un "producto de lujo".
Ante este escenario, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), liderada por su presidente Ronald Garnica, ha manifestado su profunda inquietud. Garnica advirtió que el encarecimiento del pollo representa un golpe directo a la economía familiar, especialmente porque este producto era la alternativa de carne más económica para la población. El dirigente subrayó que este incremento no es un hecho aislado, sino que se suma a las variaciones de precios en otros productos esenciales de la canasta familiar, lo que ejerce una presión creciente sobre los ingresos mensuales de los hogares tarijeños.
Desde el sector productivo, la dirigencia nacional de los avicultores ha intentado justificar este incremento basándose en factores logísticos y de producción. Según informaron, el alza se debe principalmente a una disminución en la producción de pollitos bebé, una consecuencia directa de los bloqueos de carreteras que se prolongaron por más de 50 días. A este problema se añade la persistente falta de carburantes, situación que ha dificultado severamente tanto el transporte del producto final hacia los mercados como el traslado de los insumos necesarios para la alimentación de las aves.
Por su parte, Margaret Katia Arana, responsable de Defensa del Consumidor en Tarija, indicó que la Asociación de Avicultores de Tarija (ADAT) ya ha presentado la hoja de costos correspondiente, la cual establece el precio del kilo de pollo en 27 bolivianos. No obstante, Arana reconoció que existe un margen de incremento aplicado por los comerciantes, quienes añaden entre 1 y 1,50 bolivianos al precio de venta final. La autoridad señaló que se encuentran a la espera de una reunión para determinar un precio que resulte accesible y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso donde el kilo de pollo sea vendido por encima de los 28 bolivianos.
A pesar de estas declaraciones, la gestión de Arana ha sido blanco de duras críticas por parte de los sectores vecinales. Se le acusa de mantener un "silencio cómplice" y de no intervenir de manera efectiva ante el encarecimiento no solo de los alimentos, sino también de servicios básicos fundamentales como la electricidad y el agua.
En esta misma línea, el dirigente vecinal Rodrigo Castillo lamentó la falta de mecanismos de control por parte del Ejecutivo nacional. Castillo afirmó que las medidas políticas implementadas por el Gobierno están provocando que los productos de la canasta alimentaria suban de precio, denunciando que no existen "candados" o regulaciones que eviten la especulación y el agio. En consecuencia, instó a Defensa del Consumidor a cumplir estrictamente con sus funciones y ejercer un control más riguroso sobre los precios básicos.
Finalmente, el análisis económico desde la perspectiva social fue complementado por Richard Oz de Vila, otro dirigente vecinal, quien cuestionó las prioridades del Gobierno. Según Oz de Vila, el Estado se ha centrado en ejecutar medidas de alivio para el sector privado, los exportadores y los grandes agropecuarios, descuidando a los sectores populares. El dirigente señaló la ausencia de mecanismos efectivos para retener divisas, argumentando que, si los exportadores no retornan los dólares y no hay un ente regulador que lo controle, la población termina sufriendo las consecuencias de un boliviano devaluado y una economía asfixiada.
