El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial debido a una marcada desproporción entre sus ingresos lícitos y el nivel de vida mantenido durante su paso por la función pública. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha firmado un requerimiento de justificación tras determinar que los movimientos de dinero y el incremento patrimonial reflejados en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) carecen de consistencia.
La investigación se basó en un criterio fundamental: la fiscalía determinó que los ingresos y egresos de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, no funcionan como compartimentos estancos, sino como una "unidad económica de hecho". Al integrar un mismo grupo conviviente que comparte bienes y canaliza pagos desde cuentas de uno u otro según la operación, la Justicia procedió a realizar una reconstrucción patrimonial conjunta para analizar si los fondos comprobados alcanzaban para cubrir los bienes incorporados, las deudas canceladas y los gastos afrontados por el grupo familiar.
La primera conclusión de este análisis es la existencia de una incongruencia financiera alarmante. Según los datos recabados, antes de incorporarse a la gestión pública, el grupo familiar registraba gastos anuales de $1.801.864,24. Sin embargo, un año después, al 31 de diciembre de 2024, esa cifra trepó exponencialmente hasta alcanzar los $113.308.286,69. Esta tendencia continuó en el siguiente ejercicio, cerrando el año 2025 con gastos contabilizados en $122.519.161,48. Incluso tras la renuncia de Adorni el 27 de junio del año en curso, la fiscalía contabilizó gastos por $35.191.519,79 hasta esa fecha.
El fiscal Pollicita señaló que este nivel de vida, sustentado en gran medida por pagos en efectivo y moneda extranjera, luce "desajustado" respecto de los ingresos lícitos del ex funcionario. Al realizar el cotejo patrimonial desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2026, la fiscalía acreditó egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por un total de $272.820.832,20 y USD 402.578,12. De estos últimos, la gran mayoría, USD 374.081,66, fueron abonados en billetes físicos.
Al contrastar estas erogaciones con los ingresos lícitos comprobados, la diferencia es evidente. Los ingresos totales acreditados ascendieron a $229.752.283,20, compuestos por $103.201.460,20 correspondientes a los haberes de Adorni y $126.550.823 provenientes de Bettina Angeletti, vinculados con proveedores. Esto arroja una diferencia negativa en pesos de $43.068.549. No obstante, el punto más crítico radica en los dólares: la fiscalía corroboró gastos por USD 402.578,12, pero solo USD 28.496,46 transitaron por vías bancarias, mientras que el resto fue en efectivo. Dado que ninguno de los ingresos lícitos fue percibido en esa moneda, Adorni deberá individualizar la fuente concreta de procedencia de estas divisas.
Entre los desembolsos extraordinarios que sustentan el requerimiento de justificación se destacan la compra de una Jeep Compass en marzo de 2024 por $21.500.000, pagada mayormente en efectivo; la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá en noviembre de ese año por USD 120.000, y la refacción integral de la vivienda en dicho lote, que implicó pagos en dólares billete por USD 245.000. Asimismo, se mencionan numerosos viajes al exterior del grupo familiar, abonados total o parcialmente en efectivo y moneda extranjera.
La lupa judicial también se posó sobre las declaraciones juradas y sus rectificaciones. Inicialmente, la exteriorización de divisas se declaró en USD 42.500. Posteriormente, el 10 de junio de 2026, esta cifra fue rectificada a USD 513.000 al cierre de 2023, USD 388.961,52 al cierre de 2024 y USD 209.961,52 al cierre de 2025. La fiscalía sostiene que estas rectificaciones, que multiplicaron la tenencia original por más de diez, se realizaron recién una vez conocida la investigación, restándoles verosimilitud.
Tras la notificación del juez Ariel Lijo, Manuel Adorni dispone ahora de un plazo de 15 días para explicar a la Justicia cómo logró incrementar sus bienes y costear un estilo de vida que, según el Ministerio Público Fiscal, es desproporcionado respecto a sus ingresos registrados.




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