Ley de Reconstrucción Nacional: Entre vetos presidenciales y el escrutinio del Tribunal Constitucional

La Ley de Reconstrucción Nacional ha entrado en su etapa final tras cuatro meses de intenso trámite legislativo. En la actualidad, el proyecto enfrenta un epílogo que se desarrolla en dos frentes paralelos y críticos: la votación de vetos presidenciales en la Cámara de Diputados y la presentación de alegatos ante el Tribunal Constitucional (TC), donde se definirá la constitucionalidad de diversos puntos del texto.

En el ámbito legislativo, la sala de la Cámara Baja tiene programado para este día votar tres vetos supresivos interpuestos por el Ejecutivo. Estas medidas buscan eliminar disposiciones específicas que el Gobierno considera problemáticas, tales como la prohibición del anatocismo, el mecanismo denominado ‘olvido financiero’ y la obligatoriedad de efectuar los pagos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un plazo máximo de 30 días.

Uno de los puntos más polémicos es la prohibición del cobro de intereses compuestos, conocido técnicamente como anatocismo. Al respecto, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, ha manifestado su preocupación sobre las posibles repercusiones negativas de esta medida. Según Costa, si se impide la capitalización de intereses, las entidades que ofrecen crédito se verán obligadas a ajustar otras variables para mantener el valor económico de sus operaciones, lo que podría derivar en tasas de interés más elevadas, modificaciones en las comisiones o una reducción en los plazos de financiamiento.

En contraposición a la postura gubernamental, el diputado socialista Daniel Manouchehri, autor del proyecto ‘Chao Dicom’, ha defendido la norma que busca eliminar del registro financiero las deudas que ya se encuentran extintas. Manouchehri ha negado que el proyecto condone deudas, alargue plazos o impida el cobro por parte de las instituciones bancarias. Asimismo, cuestionó el veto del Gobierno, señalando que la afirmación de que esto encarecería el crédito y restringiría el acceso al financiamiento carece de sustento empírico y parece basarse únicamente en una hipótesis.

Simultáneamente, el proceso se traslada al Tribunal Constitucional. El organismo ya ha establecido los plazos para recibir audiencias públicas relacionadas con los requerimientos en trámite, iniciando la escucha de los interesados este miércoles a las 9:00 horas. Para el jueves están programados los alegatos formales tanto de la oposición como del Gobierno.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, subrayó el rigor técnico detrás de la impugnación, señalando que la oposición contó con el apoyo de una docena de abogados constitucionalistas de diversos partidos, quienes analizaron los argumentos durante varias semanas. Vodanovic respondió indirectamente a quienes sugieren que el TC está siendo utilizado como una herramienta política, asegurando que el tribunal debe actuar estrictamente conforme a la Constitución y que la presentación realizada está debidamente fundada en análisis jurídicos.

Desde la perspectiva técnica de la oposición, la abogada constitucionalista Leslie Sánchez, militante del PPD y exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, centró sus críticas en dos puntos: la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones a empresas con proyectos rechazados. Sánchez cuestionó la creación de un régimen tributario alternativo prolongado en el tiempo, el cual impediría que futuros gobiernos o el Congreso Nacional revisen estos contratos, ya sean de inversión nacional o extranjera.

Además, Sánchez argumentó que la restitución de fondos no tiene justificación en casos donde exista una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa, especialmente si el rechazo se debe a errores, faltas o culpa del propio empresario. Según la abogada, el procedimiento establecido para determinar los montos a indemnizar vulnera principios constitucionales y garantías del debido proceso.

Por su parte, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, quien representará los alegatos del Gobierno, indicó que la estrategia de la defensa es evitar declaraciones públicas durante el proceso en el TC. La postura oficial sostiene que Chile ya posee múltiples regímenes tributarios diferenciados sin que ello haya sido considerado discriminación arbitraria. Respecto a las indemnizaciones, Fermandois afirmó que se tomó el cuidado de no afectar la independencia de los tribunales ambientales.

El clima político se mantiene tenso, como lo demuestra la crítica del senador independiente-RN, Rojo Edwards, quien instó al Tribunal Constitucional a no actuar como una "tercera cámara política". Edwards enfatizó que las resoluciones del tribunal deben defender el espíritu de la Constitución y no basarse en las ideas políticas personales de los jueces.

Finalmente, la oposición evalúa la posibilidad de sumar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional basado en la reserva de constitucionalidad realizada en el Senado. Aunque el plazo para que el Gobierno promulgue la ley totalmente sigue vigente, esta opción aún no ha cobrado una fuerza definitiva entre los parlamentarios.