A poco más de 300 días de que inicie formalmente la contienda electoral del año 2027, se ha vuelto una práctica recurrente la observación de precandidatos a diversos cargos de elección popular realizando actos anticipados de campaña. Este fenómeno ocurre a pesar de que los involucrados mantienen aún el estatus de precandidatos, evidenciando una tendencia a ignorar los tiempos marcados por la normativa electoral vigente.
De acuerdo con el análisis político, los partidos políticos no se han conformado con las denominadas precampañas, actividades que, según se señala, solo sirven para extender los periodos de proselitismo y aumentar la contaminación visual en los espacios públicos. Actualmente, y bajo la mirada del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes aspiran a un cargo público han comenzado a organizar mitines, promover su imagen personal a través de radio, televisión y redes sociales, además de ejecutar los recorridos casa por casa para acercarse al electorado.
A pesar de que las fechas establecidas por la ley electoral son precisas, el impacto de estas actividades ya es perceptible. Un año antes de que comiencen los comicios, el imaginario colectivo de los ciudadanos ya tiene definidos no solo los colores, los escudos o los eslóganes de los partidos, sino también los nombres y apellidos de las personas que probablemente aparecerán en las boletas electorales.
Uno de los puntos más críticos de esta situación no radica únicamente en que algunos perfiles logren promocionarse más que otros, o que el partido que se encuentra en el poder obtenga una ventaja competitiva sobre sus adversarios. El problema central se encuentra en el financiamiento de estos actos de precampaña. Se denuncia que actores políticos de todas las ideologías y colores están financiando estas actividades con dinero proveniente del erario, utilizando los impuestos de los contribuyentes para promover sus aspiraciones personales.
Mientras diversos aspirantes, algunos de ellos aún en funciones o bajo licencia, aprovechan cualquier oportunidad para acercarse a la ciudadanía —dinámica que suele repetirse cada tres y seis años—, resalta la omisión por parte del órgano electoral. Se considera que el INE debería, al menos, emitir un llamado formal hacia una competencia limpia y parcial entre todos los contendientes para garantizar la equidad en la contienda.
Existe una preocupación fundada sobre la eficacia de las sanciones. Se advierte que, una vez terminados los comicios y determinado un ganador, el Instituto Electoral suele limitarse a aplicar multas económicas a los partidos que incurrieron en campañas adelantadas. Esta práctica es descrita bajo la analogía de actuar "después de niño ahogado", ya que dichas sanciones financieras no modifican el resultado electoral, no representan un impacto real en la aplicación correcta de la ley y no castigan efectivamente a quienes violan la normativa electoral.
En este sentido, se plantea que los partidos y los políticos, considerando el alto presupuesto que reciben anualmente, deberían orientar su trabajo hacia el servicio de la sociedad civil de manera cotidiana. Al ser entes que forman parte del aparato gubernamental estatal y operar con recursos públicos, tienen la obligación inherente de servir a los ciudadanos dentro de sus competencias y jurisdicciones, más allá de los periodos electorales.
Por otro lado, se hace un llamado a la ciudadanía para ejercer un pensamiento más crítico ante lo que observa y escucha. Se insta a la gente a analizar con rigor a quienes llegan a sus puertas para ganar una confianza momentánea, sugiriendo que para muchos políticos el ciudadano representa simplemente una marca más sobre el logo de su nombre y partido en la papeleta.
Finalmente, la situación es comparada con un partido de fútbol donde el INE actúa como el árbitro y el VAR, el sistema de observación, no realiza su trabajo correctamente. En este escenario, los ciudadanos quedan relegados al papel de espectadores que intentan llegar al final del proceso electoral con la menor decepción posible.
Este análisis es presentado por René A. Peralta Acevedo, politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, quien posee una maestría en Educación y Docencia. Peralta Acevedo también colabora en la Red Kybernus, iniciativa dedicada al desarrollo de liderazgos y la participación ciudadana.
