Diego Macera, integrante del Consejo Fiscal y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha expresado su postura crítica frente a la reciente propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori respecto al incremento del sueldo mínimo. En una entrevista concedida a RPP, el economista manifestó que, desde una perspectiva técnica y prudente, lo ideal habría sido que el Ejecutivo no planteara dicha medida de aumento salarial.
Durante su intervención, Macera fue enfático al señalar que, si bien el salario mínimo requiere de revisiones periódicas, estas no deben responder a impulsos coyunturales, sino a un marco estructurado. Según el directivo del BCRP, el camino correcto sería establecer actualizaciones que resulten predecibles para todos los actores económicos. En ese sentido, propuso que las revisiones se realicen cada dos años, asegurando que dichos ajustes estén estrictamente orientados a la mejora de la productividad laboral y al control de la inflación.
Uno de los puntos más sensibles abordados por Macera fue el riesgo que este incremento representa para la estructura laboral del país. El economista advirtió que elevar el salario mínimo de manera no planificada puede generar nuevas y más fuertes barreras para la formalización. Al incrementar los costos laborales sin un sustento en la productividad, se corre el riesgo de que más empresas opten por mantenerse en la informalidad o que las ya formalizadas encuentren dificultades para sostener sus plantillas.
Asimismo, Macera lanzó una advertencia sobre la naturaleza de las decisiones económicas, subrayando que el salario mínimo no debe ser utilizado como una "herramienta política". El experto criticó la tendencia de implementar aumentos salariales basándose en la necesidad de obtener "golpes de popularidad", argumentando que la política económica debe primar sobre las estrategias de imagen gubernamental para garantizar la estabilidad del país.
En relación con la gestión del gasto fiscal, el integrante del Consejo Fiscal mostró su respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo de plantear demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que otorgan gratificaciones a los trabajadores bajo los regímenes CAS y CAFAE. Macera recordó que, desde el año pasado, diversas voces técnicas han advertido sobre los elevados costos que implican las normas aprobadas por el Congreso.
El economista explicó que estas leyes han sido impulsadas bajo una interpretación del Tribunal Constitucional que sugiere que el Congreso posee iniciativa de gasto. Para Macera, esta situación ha derivado en la aprobación de normas que comprometen el presupuesto público sin un análisis riguroso de su sostenibilidad financiera.
Otro tema que generó preocupación en el directivo del BCRP fue la ley que incrementó la pensión de los maestros jubilados a S/ 3 500. Macera calificó esta medida como una fuente de inequidad evidente. Para ilustrar su punto, comparó esta cifra con la situación de otros profesionales jubilados que pertenecen a la ONP, como enfermeras o fiscales, quienes pueden estar percibiendo pensiones de aproximadamente S/ 600. El economista señaló que otorgar una remuneración cinco o seis veces superior a la de otros profesionales, sin que exista una justificación técnica clara, profundiza la desigualdad en el sistema previsional.
Por otro lado, el ministro de Economía, Elmer Cuba, brindó los detalles operativos sobre cómo se ejecutaría el incremento del sueldo mínimo. Informó que el aumento se realizará de manera gradual, dividiéndose en dos armadas: la primera consistirá en un incremento de S/ 100 y la segunda en un monto de S/ 70.
El ministro sustentó que esta decisión busca mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos que perciben el ingreso mínimo, pero subrayó que la gradualidad es fundamental. El objetivo de este esquema es evitar que el aumento impacte negativamente en los índices de inflación o eleve los costos operativos de las pequeñas empresas de forma abrupta.
Finalmente, Cuba indicó que el Gobierno implementará medidas de apoyo para el sector empresarial. Específicamente, anunció que el incremento salarial vendrá acompañado de un bono compensatorio, el cual se otorgará por única vez a las micro y pequeñas empresas. Este bono tiene la finalidad de ayudar a dichas unidades económicas a afrontar el mayor costo laboral y, simultáneamente, incentivarlas a incorporar a sus trabajadores dentro del marco de la formalidad.
