En un contexto de impunidad y graves abusos en la Costa Caribe de Nicaragua, doce guardabosques de la etnia mayangna han sido encarcelados arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De este grupo, ocho fueron condenados en procesos judiciales carentes de garantías procesales, recibiendo penas que oscilan entre los 25 años de prisión y la cadena perpetua revisable.
Los detenidos provienen del territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y enclavado en la Reserva de la Biosfera de Bosawas. Entre los ocho guardabosques más expuestos recientemente se encuentran Tony Bruno Smith, Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Bruno Palacios, Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Arguello Celso Lino e Ignacio Celso Lino. A ellos se suman Leonel Palacios Vanegas, Jonas Jeffry Miguel Juwith, Demetrio Miguel Juwith y Valeriano Antolin Eheets Flores, quienes fueron detenidos entre 2022 y 2024. Todos ellos han sido reconocidos como presos políticos por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
Expertos y organismos defensores señalan que estas detenciones no son hechos aislados, sino que forman parte de un proceso de "colonización interna". Según Diego, un especialista en pueblos indígenas que habló bajo condición de anonimato, el Estado ha incumplido la etapa de "saneamiento" establecida en la Ley 445 (Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas). Esta fase es crucial para definir la legalidad de los colonos no indígenas asentados en territorios ancestrales. La falta de saneamiento genera una inseguridad jurídica que permite la invasión sistemática de tierras por parte de colonos armados, con el respaldo implícito o explícito de las autoridades.
Uno de los casos más emblemáticos de esta persecución es la masacre de la mina de oro Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en el cerro Pukna. Testimonios locales indican que un grupo de unos 30 hombres armados atacó el lugar, resultando en el asesinato de 11 personas, incluyendo mujeres y menores con señales de abuso sexual. A pesar de que más de veinte sobrevivientes señalaron a colonos como los perpetradores, la Policía Nacional responsabilizó a los guardabosques indígenas. Como consecuencia, los hermanos Celso Lino y Donald Bruno Arcángel fueron detenidos sin orden judicial y, posteriormente, condenados a prisión perpetua revisable.
La criminalización se extendió en agosto de 2023 con la detención de cuatro miembros de la familia Bruno: Rodrigo, Tony, Oliver y Evertz. La operación policial fue descrita como violenta, utilizando gases lacrimógenos y armamento de guerra en presencia de mujeres y niños. En este caso, la narrativa oficial presentó contradicciones; inicialmente se les vinculó con crímenes de 2019, pero luego las acusaciones variaron hacia delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas, a pesar de que Rodrigo Bruno contaba con un certificado de autorización legal para portar armas. Los cuatro fueron condenados a 25 años de prisión.
El rol de los guardabosques es fundamental para sus comunidades, ya que actúan como la primera línea de contención contra la depredación ambiental y la invasión de tierras. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, recordó que muchos de estos voluntarios fueron entrenados inicialmente por la propia Policía Nacional. Sin embargo, tras la crisis política de 2018, el Estado pasó de apoyarlos a criminalizarlos.
La Relatoría Especial de la ONU y otros expertos advirtieron en 2025 que el Estado impulsa una política que favorece la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y actividades extractivas como la minería y la explotación forestal, sin consulta previa ni informada a las comunidades. Este proceso de asimilación forzada y racismo sistemático busca desplazar la cultura indígena para facilitar la acumulación de tierras y recursos naturales por parte del Estado y aliados económicos.
En última instancia, el encarcelamiento de los defensores del territorio envía un mensaje de terror a las poblaciones originarias. Al tratar a los protectores de la tierra como criminales, el régimen de Ortega y Murillo asegura el control sobre los recursos naturales del Caribe nicaragüense, dejando a las comunidades indígenas en un estado de vulnerabilidad y sometimiento.
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