El escenario político ecuatoriano se ha convertido en el campo de batalla para una disputa mediática centrada en el precario estado del sistema de salud pública. En las últimas semanas, los asambleístas vinculados al correísmo han desplegado una estrategia de visitas sorpresivas a diversos hospitales y centros de salud del país, con el objetivo de visibilizar las deficiencias en las prestaciones médicas y capitalizar el malestar ciudadano. Esta iniciativa, que ha sido acompañada por una fuerte campaña en redes sociales, ha generado una respuesta por parte de la bancada oficialista que ha sido calificada como torpe y desconectada de la realidad.
La estrategia de los legisladores de la Revolución Ciudadana se basa en la realización de operativos que han denominado como "fiscalizadores". Durante estas visitas, al menos ocho asambleístas han acudido a centros asistenciales acompañados por equipos de comunicación encargados de registrar en video la falta de medicamentos y las carencias infraestructurales. Estos contenidos son difundidos bajo la etiqueta #SOSSalud, resaltando un punto común: la dificultad o el impedimento para ingresar a los establecimientos, situación que los legisladores denuncian como un obstáculo para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
Entre los casos más destacados se encuentra el del asambleísta Ricardo Patiño, quien denunció la presencia de perros vagabundos en las inmediaciones del Hospital Monte Sinaí y señaló una carencia absoluta de fármacos. Durante su recorrido, Patiño entrevistó a un paciente que afirmó que, debido a las deficiencias del centro, se ve obligado a llevar sus propias sábanas para ser atendido. Por otro lado, el asambleísta por el Azuay, Roque Ordóñez, informó que la situación de la salud se ha agravado significativamente, reportando que dos pacientes habrían fallecido recientemente por la falta de insumos médicos, equipos y la inoperatividad del tomógrafo. Según Ordóñez, el abastecimiento de medicinas ha sufrido una caída, pasando del 48 % al 40 %.
Frente a estas denuncias, la respuesta del bloque oficialista, liderada por la asambleísta Inés Alarcón, ha resultado controvertida. A través de un video en sus redes sociales, Alarcón criticó la iniciativa correísta, asegurando que la fiscalización no debe transformarse en un "show político". Para contrastar la conducta de sus colegas, la legisladora mostró el proceso de entrega de un pedido formal para ingresar al hospital de Yaruquí, en el nororiente de Quito, enfatizando la necesidad de ser respetuosos con las familias que sufren en los centros de salud.
Sin embargo, el contenido del video de Alarcón ha sido cuestionado por presentar una visión idealizada del sistema sanitario. En el material, la asambleísta afirma que todo marcha a la perfección en el hospital de Yaruquí, asegurando que las labores de limpieza se cumplen estrictamente, que las bodegas están llenas de medicamentos y que los familiares de los pacientes expresan satisfacción por el servicio recibido. A pesar de admitir que existen aspectos por mejorar, la narrativa de Alarcón choca frontalmente con los reportes de desabastecimiento que afectan a gran parte de la red pública.
Si bien es evidente que el correísmo ha lanzado esta campaña con una mirada puesta en las próximas elecciones de noviembre y que su interés por la salud parece emerger principalmente cuando es electoralmente conveniente, esto no anula la responsabilidad legal de los legisladores de fiscalizar la gestión del Ejecutivo. La obligación de verificar que el Gobierno de Daniel Noboa cumpla con sus responsabilidades es una tarea inherente al cargo legislativo.
Los datos reflejan que la crisis en el sector salud no es una invención política. Durante 2025 y 2026, se han reportado niveles de disponibilidad general de medicamentos e insumos que oscilan entre el 30 % y el 54 %. A este escenario se suman retrasos en las compras internacionales, particularmente aquellas provenientes de la India, deudas pendientes con personal externalizado, problemas estructurales en los planteles y una ejecución presupuestaria limitada.
Esta precariedad ha tenido consecuencias graves y tangibles. Pacientes con enfermedades críticas, como renales, oncológicos y personas trasplantadas, han protagonizado protestas públicas denunciando la interrupción de sus tratamientos vitales. En este contexto, el intento de la asambleísta Alarcón por deslegitimar las críticas mediante un video propagandístico no solo resulta equivocado, sino que ignora la severidad de un sistema de salud pública que continúa sumido en un desabastecimiento persistente.
