La Casa Rosada se convirtió en un escenario de máxima tensión, marcado por reuniones imprevistas, llamadas telefónicas cargadas de nerviosismo y fuertes discusiones internas. El motivo era la crisis en torno a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras 130 días de gestiones, cuatro sesiones y 17 borradores, el oficialismo comenzó a aceptar la caída del Capítulo III, aquel apartado que permitía la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.
El punto de quiebre comunicacional ocurrió cuando un funcionario de alto rango, visiblemente abatido, alertó al entorno presidencial sobre una publicación de la cantante Tini Stoessel en Instagram. Con una imagen de paisajes nevados y pinos, la artista publicó la frase “La Patria no se vende”, un mensaje dirigido a sus 22 millones de seguidores que fue interpretado dentro de La Libertad Avanza (LLA) como el golpe final. Este fenómeno, denominado internamente como el “efecto Tini”, evidenció que el rechazo al proyecto había trascendido los sectores políticos tradicionales para alcanzar a figuras como Emilia Mernes y deportistas como Lisandro Martínez, sumándose a las críticas previas de Lali Espósito, Ca7riel, Dillom, La Joaqui y Nicky Nicole.
Desde la Mesa Política del Gobierno admitieron haber perdido la "guerra comunicacional". Miembros del equipo reconocieron que el timing fue erróneo, ya que el discurso nacionalista adoptado tras el Mundial y el apoyo a Malvinas chocaba frontalmente con la percepción de que el Estado estaba "rifando la Patagonia". El senador Luis Juez fue tajante al señalar que faltó "inteligencia y picardía" en la defensa del debate sobre tierras, permitiendo que la oposición instalara un relato desfavorable. Estos sentimientos fueron respaldados por un informe de la consultora Reputación Digital, que indicó que el 69% de los mensajes en redes sociales sobre la iniciativa fueron negativos.
Mientras el proyecto naufragaba, el Gobierno intentó contraatacar señalando a Amnistía Internacional por convocar a marchas antiextranjerización. En X, el caputista Agustín Romo lanzó duras críticas contra la ONG británica. Simultáneamente, se registraron movilizaciones frente al Congreso convocadas por la CGT, UTEP, las dos CTA y diversas vertientes del PJ, incluyendo a La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. La jornada terminó con incidentes que incluyeron el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes tras ataques de encapuchados a las fuerzas de seguridad.
En el Senado, la ley consiguió la media sanción, pero quedó "renga" sin el Capítulo III. La sesión estuvo marcada por la ausencia de Victoria Villarruel, ya que el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia fue adelantado para evitar que la vicepresidenta tuviera que desempatar. Hubo pedidos de voto remoto de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, y un intento fallido del peronismo por vaciar el recinto para devolver el texto a comisiones, el cual fue rechazado por 38 legisladores, incluyendo a Maximiliano Abad y Carlos Arce.
El conflicto también dejó expuestas las fisuras internas del oficialismo. Se desató una guerra de reproches donde algunos culparon a Santilli por no coordinar con los gobernadores, a Patricia Bullrich por errores en el cálculo de votos y a Federico Sturzenegger por no explicar adecuadamente las reformas. Sturzenegger, criticado por algunos sectores internos por su "pureza ideológica", defendió la necesidad de modificar el régimen de tierras, argumentando que se trataba de elegir entre el "miedo y la prosperidad".
Paralelamente, surgió una disputa estratégica entre el círculo de Santiago Caputo y la estrategia de Karina Milei y los primos Menem. Mientras unos abogan por construir una estructura territorial propia de LLA en todo el país, otros sugieren mantener acuerdos con dirigentes provinciales para asegurar votos. Esta fragilidad quedó expuesta cuando gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) se desmarcaron tempranamente del proyecto.
El Gobierno ahora pone su mirada en la reforma electoral para 2027, específicamente en la eliminación o suspensión de las PASO, que Karina Milei considera un obstáculo para un segundo mandato. Esta negociación se produce en un contexto económico complejo: el Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT cayó 6,5% en julio, y encuestas de Poliarquía indican que el 66% de la población desea un cambio económico. Además, el Banco Central reportó 20,9 millones de personas con deuda financiera, evidenciando un deterioro en el clima social que el oficialismo deberá gestionar antes de iniciar la próxima campaña.
