La ciudad de Buenos Aires fue el escenario este jueves de una intensa jornada de movilizaciones sociales y enfrentamientos violentos. Miles de ciudadanos, agrupados bajo el lema 'La patria no se vende', desafiaron las condiciones climáticas y la lluvia para manifestar su rotundo rechazo al proyecto de ley sobre la 'inviolabilidad de la propiedad privada', el cual fue objeto de debate durante la tarde en el Senado de la Nación.
La convocatoria logró reunir a una diversidad de sectores sociales, incluyendo a personas autoconvocadas y organizaciones estructuradas en agrupaciones políticas, sindicales, gremiales, estudiantiles y barriales, además de diversos movimientos sociales. Los manifestantes se concentraron masivamente frente a las puertas del Congreso de la Nación, donde expresaron su oposición a la propuesta impulsada por el oficialismo. La jornada, que comenzó como una protesta pacífica, culminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que procedieron a dispersar a los congregados mediante el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Un aspecto relevante de la movilización es que los manifestantes decidieron acudir a la sede legislativa a pesar de que el Ejecutivo central había tomado una decisión estratégica la víspera. El Gobierno había optado por retirar del proyecto de ley el capítulo específico que planteaba la rebaja del tope para la venta de terrenos a capitales extranjeros. No obstante, la magnitud de la concurrencia demostró que el malestar social persistía y que los sectores opositores consideraban necesario mostrar su rechazo frontal a la iniciativa general.
Entre los asistentes se encontraba Mateo S., un ciudadano autoconvocado que portaba pancartas con consignas como "no se vende, quema ni desaloja". En declaraciones brindadas a Europa Press, Mateo subrayó la importancia crítica de mantener los límites actuales a la adquisición de tierras por parte de entidades extranjeras. El manifestante lamentó que el país esté liderado por un presidente, Javier Milei, a quien calificó de tener una tendencia "entreguista", especialmente en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales y las tierras raras. Según Mateo, permitir que privados extranjeros, cuyos intereses podrían no alinearse con los del pueblo argentino, decidan sobre territorios que forman parte del patrimonio nacional, constituye un "ataque indirecto a la soberanía".
Para comprender el trasfondo del conflicto, es necesario analizar la normativa vigente en Argentina. Actualmente, las personas físicas o jurídicas extranjeras tienen prohibido disponer de más del 15% de las tierras rurales, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Asimismo, existe una restricción que impide la compra de más de 1.000 hectáreas en las denominadas zonas núcleo agropecuarias. El polémico capítulo del proyecto de ley pretendía eliminar estos topes regulatorios.
Ante la presión y la falta de apoyos evidentes, el Gobierno argentino intentó inicialmente una alternativa, proponiendo ampliar el porcentaje de superficie que los extranjeros podían adquirir hasta un 25% en niveles nacionales, provinciales y departamentales, según reportó el diario 'La Nación'. Finalmente, ante la persistente resistencia, el Ejecutivo decidió retirar completamente dicho capítulo el miércoles previo a la protesta.
El desenlace de la manifestación fue violento. Entre las 17:00 y las 18:00 horas (hora local), las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de desalojo en la plaza, empleando balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. El balance final de la jornada asciende a doce personas detenidas. Las fuerzas federales informaron de la detención de tres manifestantes, mientras que la Policía de la Ciudad reportó nueve arrestos bajo el cargo de "atentado y resistencia a la autoridad".
Además de los detenidos, se registraron heridos entre los efectivos policiales. Tres agentes de la Gendarmería resultaron lesionados, dos de ellos con heridas de gravedad debido a pedradas recibidas en la cabeza. Estos efectivos fueron trasladados de urgencia al Hospital Churruca para recibir atención médica, según la información difundida por el diario 'La Nación'.
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, defendiendo la intervención policial. Macri aseguró que la orden impartida a la Policía fue "clara": hacer cumplir la ley y proteger la ciudad de aquellos "violentos que pretenden destruirla". El funcionario fue tajante al calificar a los manifestantes que alteraron el orden público como "delincuentes anarquistas", acusándolos de haber quemado contenedores, destrozado patrulleros y roto veredas. Finalmente, Macri sentenció que quienes agredieron a la Policía son "enemigos de nuestro estilo de vida".
