La administración de Donald Trump, en Washington, ha presentado un plan destinado a desmantelar una parte significativa de las normas federales que rigen Head Start, el histórico programa de educación inicial diseñado para niños de bajos recursos en los Estados Unidos. Según la información proporcionada por AP News, la propuesta fue publicada este jueves y dará inicio a un período de 60 días destinado a recibir comentarios públicos antes de que se considere su entrada en vigor, aunque el proceso podría enfrentar eventuales impugnaciones judiciales.
Esta reforma impacta directamente el núcleo del modelo educativo, el cual brinda atención a aproximadamente 700.000 niños en todo el territorio estadounidense. Dentro de esta población se encuentran menores en situación de calle, niños en hogares de guarda y menores con discapacidad. El gobierno sostiene que la cobertura del programa no se verá reducida, pero propone un cambio fundamental en el funcionamiento de los centros: se reducirían las exigencias federales para otorgar un mayor margen de decisión a las autoridades locales.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), busca eliminar gran parte de las regulaciones que diferencian a Head Start de otros servicios de cuidado infantil convencionales. Entre los requisitos que podrían desaparecer se encuentran las exigencias sobre la baja proporción de alumnos por cada miembro del personal, el uso de currículas respaldadas por evidencia científica y la obligación de proporcionar servicios complementarios dirigidos a las familias.
Alex J. Adams, secretario asistente del HHS, explicó en una llamada con periodistas que el objetivo oficial es brindar más flexibilidad a quienes operan el programa. Adams argumentó que los mandatos federales pueden actuar como obstáculos para la toma de decisiones locales, elevar los costos operativos y limitar el alcance general del programa. Asimismo, planteó la posibilidad de que, si la regla se implementa según lo previsto, se logre incrementar la cantidad de vacantes disponibles.
Actualmente, Head Start se rige por un cuerpo normativo que supera las 100 páginas de regulaciones. Bajo el nuevo esquema propuesto, los 1.600 operadores de la red, que incluyen a distritos escolares y organizaciones sin fines de lucro, pasarían a guiarse en diversos aspectos por las licencias estatales y locales aplicables a guarderías y centros infantiles.
Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., defendió la continuidad del programa, asegurando que la intención no es desarmarlo por completo. Kennedy afirmó que se trata de un programa que funciona para los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, subrayando la importancia de protegerlo. El funcionario destacó que incluso intentó preservar esta política frente a diversos recortes que afectaron otras áreas de su cartera.
Desde el punto de vista económico, el gobierno estima que esta desregulación permitiría un ahorro superior a los 2.000 millones de dólares, recursos que planean reinvertir para ampliar la cantidad de niños atendidos por el sistema.
No obstante, la propuesta no se limita a la eliminación de requisitos, sino que incorpora nuevas condiciones estrictas. Una de ellas es la obligación de que la enseñanza se imparta en inglés, con la única excepción de las comunidades tribales que cuenten con programas de inmersión en lenguas nativas. Además, se propone reducir el tope de gastos administrativos del 15% actual al 5%. En materia de salud, el plan suma pautas nutricionales y exige 30 minutos de actividad física cada tres horas y media de jornada, siempre que las condiciones climáticas permitan realizarla al aire libre.
Las críticas desde el sector de la educación inicial no se hicieron esperar. Khari Garvin, quien fue responsable de Head Start durante la gestión de Joe Biden, aseguró que la iniciativa vacía al programa de sus componentes esenciales, describiendo esta nueva versión como una "cáscara del programa" que diluye el modelo y pone en riesgo los resultados para los niños y sus comunidades.
En sintonía con esto, Shantel Meek, directora del Children’s Equity Project de la Arizona State University, advirtió que las normas estatales para guarderías suelen limitarse a condiciones básicas de seguridad y salud, omitiendo metas de aprendizaje, desarrollo infantil o trabajo integral con las familias. Un análisis comparativo mencionado por AP News reveló brechas profundas entre los estándares federales actuales y los estatales.
Un punto crítico es la ratio de niños por adulto. En Mississippi, por ejemplo, un docente de Head Start puede atender hasta cuatro niños de 2 años bajo la norma federal, mientras que la regulación estatal permite que un solo adulto supervise hasta 12 niños de la misma edad.
Head Start fue creado en la década de 1960 como parte de la guerra contra la pobreza del presidente Lyndon B. Johnson y contó durante décadas con apoyo bipartidista. Sin embargo, ha enfrentado amenazas recientes bajo la gestión de Trump. Russell Vought, jefe de presupuesto de la administración, ya había planteado la posibilidad de eliminar el programa. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca a comienzos de 2025, algunos centros cerraron temporalmente por dificultades en el acceso a fondos federales, y un borrador presupuestario llegó a quitar el financiamiento, aunque dicha medida fue revertida tras una reacción adversa.
A pesar de que Kennedy sostiene que el programa es eficaz basándose en estudios sobre las trayectorias escolares y sociales de sus egresados, AP News señaló que el gobierno despidió el año pasado a gran parte del personal de apoyo de Head Start y cerró la mitad de sus oficinas regionales. El proceso ahora entra en la fase de consulta pública de 60 días, instancia que definirá el alcance final de la reforma.
