El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado la presentación de una reforma constitucional orientada a fortalecer el marco legal en materia de seguridad pública. El objetivo central de esta iniciativa es dotar al Estado de herramientas más efectivas para combatir el crimen, estableciendo por primera vez en la Constitución que la protección de la ciudadanía es una obligación estatal. Según explicó el mandatario, se busca instaurar un mandato que ningún Gobierno, independientemente de su color político, pueda desconocer en el futuro.
Durante una cadena nacional transmitida desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado afirmó que la reforma constitucional consagrará, sin ambigüedades, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado. De acuerdo con el mandatario, este cambio normativo permitirá contar con un marco de acción mucho más amplio y herramientas más eficaces para enfrentar la criminalidad que afecta al país.
En concordancia con esta estrategia, el presidente Kast instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, avanzar coordinadamente con el Congreso en la implementación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT. El mandatario manifestó su expectativa de que todas las herramientas necesarias para recuperar la libertad frente a la delincuencia sean aprobadas antes de navidad, haciendo una analogía con el tiempo dedicado a generar las condiciones para reactivar la economía.
Respecto al panorama delictivo, Kast subrayó la presencia de más de diez organizaciones criminales transnacionales que operan actualmente en el territorio chileno. Ante esta situación, anticipó que pertenecer a una organización criminal pasará a ser considerado un delito con penas agravadas. El Ejecutivo destacó que Chile se ha consolidado como un país de destino y una plataforma de distribución de drogas hacia Asia, Europa y Estados Unidos, aprovechando la infraestructura de sus diversos puertos. Esta realidad difiere de la de países vecinos como Bolivia o Perú, que actúan principalmente como productores de estupefacientes.
El plan legal propuesto por el Gobierno contempla la creación de nuevas figuras penales. Entre ellas, se incluye la tipificación como delito de la instalación de barricadas u obstáculos en las calles que intenten bloquear la vía ilegalmente. Asimismo, se endurecerán las sanciones para quienes recluten a menores de edad para realizar actividades ilícitas, tales como disparar, transportar sustancias prohibidas o vigilar esquinas, señalando que estas acciones enfrentarán todo el peso de la ley, con penas agravadas y sin atenuantes.
En cuanto a la operatividad, el plan del Ministerio de Seguridad Pública se estructura sobre tres ejes fundamentales: la prevención, la recuperación del control territorial y el fortalecimiento institucional. El presidente señaló que ya se empiezan a materializar resultados preliminares a través de siete áreas de gestión, cuyo propósito es la desarticulación total de las organizaciones criminales, atacando directamente sus liderazgos, sus territorios y sus recursos económicos.
Entre las medidas complementarias anunciadas, destaca el desarrollo de un régimen penitenciario especial diseñado específicamente para narcotraficantes y la ampliación del plazo de flagrancia, que pasaría de doce a 24 horas. Además, se creará una nueva agencia estatal encargada del decomiso y la destrucción de bienes pertenecientes al crimen organizado. En materia migratoria, el mandatario anunció la ampliación de la retención migratoria ilegal y el incremento de la capacidad de expulsión efectiva para quienes no posean derecho legal de permanencia en Chile.
Paralelamente a la agenda de seguridad, el presidente Kast celebró la aprobación en el Congreso de su megarreforma tributaria y económica. El mandatario calificó esta iniciativa como uno de los cuerpos legislativos más importantes aprobados en los últimos 30 años, asegurando que abre una nueva etapa de progreso que atraerá mayor inversión, crecimiento y empleo para los chilenos.
El eje central de esta reforma es la reducción del impuesto a las empresas, que bajará del 27% al 23%. Actualmente, el proceso legislativo se encuentra en su etapa final, restando únicamente la discusión de los vetos presidenciales sobre enmiendas de la oposición y la resolución del Tribunal Constitucional sobre requerimientos presentados, particularmente aquellos vinculados a la invariabilidad tributaria.
Finalmente, Kast reflexionó sobre la situación económica del país, señalando que tras más de una década de estancamiento, gasto estatal elevado y deuda pública en máximos históricos, es momento de dejar de administrar la mediocridad. El mandatario expresó su voluntad de recuperar la grandeza de Chile para que el país vuelva a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para sus ciudadanos.
