Todo gobierno, independientemente de su éxito inicial, llega a un punto de inflexión que lo obliga a reinventarse. Esta etapa exige actualizar la lectura del contexto, renovar el compromiso con la ciudadanía y diseñar nuevas estrategias de poder para evitar que la rigidez se vuelva tóxica. Para el gobierno de Javier Milei, ese momento ha llegado, manifestándose a través de señales de agotamiento en diversas dimensiones y un creciente desajuste político con su electorado.
El problema central radica en un malentendido derivado de la victoria en las elecciones parlamentarias. La percepción de haber conquistado el poder para resolver los problemas estructurales del país choca con las limitaciones operativas reales del Poder Ejecutivo. Este escenario ha provocado que la sociedad deje de atribuir sus dificultades a la herencia de gestiones anteriores y comience a imputarlas directamente a la gestión actual, un fenómeno que ya ocurrió en administraciones pasadas como las de Alfonsín en 1985 y Macri en 2017.
El deterioro se refleja con claridad en los indicadores de opinión pública. Según el Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, se registró una caída mensual del 6,5%, con un descenso acumulado del 21,5% desde finales de 2025. Si este índice se traduce en intención de voto, Milei obtendría un 38,8%, lo que lo obligaría a disputar un balotaje. En sintonía, la consultora Poliarquía detectó que el 66% de los consultados prefiere un cambio frente a la situación actual, mientras que solo el 33% pide continuidad. Por su parte, el analista Hugo Haime señala que el 65% opina que el modelo económico debe ser abandonado, resaltando un clima emocional donde el 34% manifiesta bronca y el 39% tristeza.
Un dato revelador en los estudios de Haime es que, por primera vez en meses, la pérdida del poder adquisitivo del salario preocupa más que la corrupción. Asimismo, la inflación ha dejado de ser la principal preocupación de la agenda pública, descendiendo al séptimo lugar. Actualmente, la ciudadanía prioriza la caída del consumo, la baja en la producción y la insuficiencia de los sueldos, poniendo a prueba la capacidad del oficialismo para sostener el consenso social.
En este contexto, emerge la problemática de la morosidad financiera. Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tienen algún tipo de deuda financiera, de las cuales 5,8 millones registran atrasos de más de 90 días al mes de mayo. Esto representa un aumento de 2,39 millones de nuevos morosos en un año. Mientras el Presidente sostiene que se trata de un problema privado en el que el Estado no debe intervenir, existen evidencias de que la política económica —con fluctuaciones bruscas en las tasas de interés para licuar pasivos del Banco Central y frenar corridas cambiarias— influyó en este endeudamiento. A esto se suma el peso de los servicios públicos, que en julio absorbieron el 15% del salario formal promedio, frente al 6% registrado al final del gobierno de Alberto Fernández.
La gestión también enfrenta deficiencias estructurales y tensiones internas. El ministro Luis Caputo ha sido criticado por su falta de sensibilidad hacia los morosos, sugiriendo que podrían ser especuladores. Internamente, el gobierno carece de figuras capaces de generar consenso; Santiago Caputo ha centrado su energía en disputas internas, mientras que Diego Santilli no logró consolidar su posición. La ausencia de Guillermo Francos es señalada como una pérdida de capacidad estratégica para el Ejecutivo.
En el plano internacional, se observa una tendencia a la huida hacia la política exterior, particularmente en el eje Estados Unidos-Brasil. Milei ha buscado alinearse estrechamente con Donald Trump, interviniendo en la política brasileña mediante ataques directos a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Esta estrategia ha provocado una crisis diplomática sin precedentes, reduciendo la relación entre Argentina y Brasil al nivel de encargados de negocios, una situación similar a la ocurrida históricamente con Corea del Norte o Sudáfrica durante el apartheid.
A pesar de este cuadro de extenuación, Milei cuenta con un activo: una oposición peronista fragmentada y desconcertada. Ejemplos como la postura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ha propuesto revertir reglas que favorecen la inversión, muestran que el PJ no ha logrado capitalizar el malestar social. Esta incapacidad de la oposición podría otorgar al gobierno libertario el tiempo necesario para intentar su reinvención.
