La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha presentado los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una iniciativa diseñada para establecer mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas que consumen contenidos a través de la radio y la televisión. Esta propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito público, suscitando críticas y preocupaciones sobre la posible intención del gobierno federal de controlar los contenidos informativos y censurar a los medios de comunicación.
Ante estas señalamientos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido en diversas ocasiones, asegurando que el objetivo de estos lineamientos no es sancionar ni censurar a la prensa. Por el contrario, el gobierno ha aclarado que el modelo propuesto permitiría que sean los propios medios de comunicación quienes vigilen la calidad y el cumplimiento de los contenidos que difunden. Un punto fundamental resaltado por el Ejecutivo es que el proyecto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, por lo tanto, no se encuentra vigente, ya que actualmente está sometido a un proceso de consulta pública.
Este periodo de consulta permite que los lineamientos sean modificados basándose en las opiniones y propuestas que envíen los ciudadanos y los sectores interesados. La CRT ha habilitado un portal en internet (https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15) donde cualquier persona puede acceder a los documentos oficiales, la convocatoria y un anexo con las consideraciones técnicas. Para participar, los interesados deben registrarse en el sitio proporcionando su nombre y correo electrónico, analizar los tres documentos de referencia y redactar sus comentarios en la sección inferior de la página principal de la consulta. El plazo para enviar observaciones vence el 21 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.
Desde la perspectiva técnica y legal, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que estas normativas serán obligatorias para las concesionarias de radio y televisión abierta, así como para los servicios de paga y las programadoras, ya sean de uso comercial, público o social. Según Alcalde, la finalidad es precisar los conceptos legales para evitar interpretaciones discrecionales o laxas, estableciendo rutas claras para la defensa de los derechos de quienes reciben los contenidos.
Uno de los pilares de esta propuesta es la exigencia de que los medios de comunicación cuenten con un Código de Ética explícito sobre los derechos de las audiencias. Dicho código deberá detallar los procedimientos para la presentación de quejas, establecer criterios editoriales que garanticen la veracidad de la información y definir los mecanismos para designar a un defensor de las audiencias. Esta figura deberá operar bajo principios de imparcialidad, independencia y transparencia, asegurando que no existan conflictos de interés en su desempeño.
Entre los derechos específicos que se pretenden proteger se encuentran el acceso a información veraz y oportuna, la prohibición de difundir datos falsos o descontextualizados, y la obligación de distinguir claramente entre la información noticiosa y la opinión. Asimismo, se busca que haya una separación nítida entre la publicidad y el contenido editorial, y se garantiza el derecho de réplica para corregir cualquier información inexacta. Adicionalmente, el proyecto contempla la accesibilidad para audiencias con discapacidad y la implementación de representaciones visuales inclusivas. Luisa María Alcalde enfatizó que la distinción entre noticia y opinión deberá hacerse mediante menciones claras, cortinillas o mensajes en pantalla.
Por su parte, Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Cámara de Diputados, ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía, periodistas y académicos para que participen activamente en la consulta. La legisladora subrayó que, aunque defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, el diseño de estas reglas no debe debilitar la autonomía editorial, la pluralidad informativa ni la libertad de expresión.
López Rabadán advirtió sobre tres puntos críticos que deben revisarse cuidadosamente. Primero, señaló que el uso de conceptos amplios como "información falsa", "veraz" u "oportuna", sin definiciones objetivas y precisas, podría permitir que una autoridad administrativa sancione contenidos periodísticos basándose en la versión oficial del gobierno. Segundo, cuestionó las atribuciones de la CRT para revisar la actuación de los Defensores de las Audiencias, sugiriendo que esto podría exceder lo previsto en la ley y la Constitución. Finalmente, solicitó que se brinde certeza total sobre los procedimientos de sanción y los criterios para determinar multas, alertando que el proyecto no debe convertirse en un inhibidor de la libertad de expresión.
