El escenario municipal en Chile atraviesa un momento de alta tensión y división justo a horas de que el Congreso proceda a la votación de la megarreforma. La disputa se ha centrado en el mecanismo de compensación económica para las municipalidades, generando dos bloques claramente definidos entre los jefes comunales del país.
Por un lado, un grupo numeroso compuesto por más de 170 alcaldes ha suscrito una declaración pública en la que manifiestan su total respaldo a la aprobación de la megarreforma. El punto neurálgico de su apoyo es la propuesta de compensación del 100% destinada a las 345 comunas del territorio nacional. Según los firmantes de este documento, el acuerdo alcanzado es la vía correcta para resguardar los ingresos municipales, asegurando que ninguna administración local se vea perjudicada financieramente por la implementación de los cambios que propone la reforma.
Ante la inminencia de la votación, este bloque de alcaldes ha hecho un llamado urgente y directo al Senado para que la iniciativa sea aprobada durante la jornada. Para estos jefes comunales, la aprobación inmediata es fundamental para dar estabilidad a la gestión local y cerrar la disputa que ha mantenido al municipalismo en un estado de incertidumbre respecto a las compensaciones económicas ofrecidas por el gobierno.
Sin embargo, esta postura no es unánime. En la otra acera, un grupo de aproximadamente 104 alcaldes, integrados principalmente por figuras de oposición e independientes, ha expresado su rechazo a los términos actuales. El punto de conflicto radica en el destino de los 200 millones de dólares comprometidos para la compensación. Este grupo sostiene que dichos fondos no deben distribuirse bajo el esquema propuesto, sino que deben ingresar íntegramente al Fondo Común Municipal. Bajo esta modalidad, los recursos serían distribuidos posteriormente siguiendo estrictamente las necesidades específicas de cada comuna, buscando una equidad basada en la carencia y no en un porcentaje plano.
Dentro de este bloque crítico destacan nombres de alta visibilidad política, tales como Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal; Javiera Reyes, de Lo Espejo; Fares Jadue, de Recoleta; y Mauro Tamayo, de Cerro Navia, entre otros jefes comunales que consideran que la propuesta actual no satisface las necesidades de redistribución territorial.
La respuesta de los alcaldes que apoyan la reforma ha sido categórica. A través de su declaración, rechazaron tajantemente las críticas formuladas por el grupo opositor, subrayando que "los compromisos se cumplen, siempre". En un tono crítico hacia la polarización, los respaldadores de la reforma señalaron que las "trincheras políticas" están afectando la operatividad del municipalismo, argumentando que se están rentabilizando agendas ideológicas y políticas en lugar de priorizar el bienestar de la ciudadanía.
En el texto de la declaración, los alcaldes hacen hincapié en que la razón de ser de los municipios es servir y brindar respuestas concretas, eficientes y permanentes a los vecinos. Por ello, instaron a sus colegas a trabajar unidos, recordando que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) debe actuar en beneficio de los 345 municipios de Chile, conceptualizando el país como una sola unidad administrativa y social.
El respaldo a la reforma es transversal y abarca diversas realidades geográficas y políticas, contando con firmas de alcaldes desde sectores como Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, hasta comunas como Puerto Natales, Freire, Palmilla y Pinto. La lista de firmantes incluye a figuras como Catalina San Martín, Felipe Alessandri, Jaime Bellolio, Sebastián Sichel, entre muchos otros, reflejando que la mayoría de los jefes comunales considera que la compensación del 100% es la solución más viable para evitar el desfinanciamiento local.
En resumen, mientras el Congreso se prepara para votar, el municipalismo chileno queda fragmentado entre quienes ven en la compensación directa una garantía de ingresos y quienes exigen que el Fondo Común Municipal sea el vehículo de distribución para asegurar que los recursos lleguen a las zonas más necesitadas.
