El oficialismo en el Senado, bajo el liderazgo de la senadora Patricia Bullrich, se enfrenta esta semana a uno de sus desafíos legislativos más complejos. El objetivo es lograr la aprobación del proyecto de ley denominado de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa que incluye un capítulo altamente polémico centrado en la eliminación de las restricciones vigentes para la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o empresas de capitales extranjeros.
La situación para la Casa Rosada no es sencilla. La jefa del bloque oficialista debe gestionar un clima de creciente rechazo social hacia la extranjerización de las tierras, una tendencia que ha comenzado a impactar en los apoyos políticos. Diversos bloques dialoguistas, que resultan fundamentales para alcanzar la mayoría necesaria, han mostrado señales de distanciamiento, lo que pone en riesgo la viabilidad de la iniciativa.
Uno de los focos de resistencia más evidentes se encuentra en la provincia de Misiones. Los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, han estado recibiendo durante las últimas tres semanas la presión de diversos actores sociales de su región. A este escenario se suma la postura de varios senadores radicales, quienes se resisten a respaldar un proyecto que, según advierten, vulnera la integridad territorial y la soberanía nacional al derogar los límites legales establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La incertidumbre se extiende también hacia la Patagonia. Existen rumores sobre reparos específicos a diversos artículos del proyecto por parte de las senadoras de Chubut, Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (PRO), quienes mantienen una alineación, aunque con matices, con el gobernador Ignacio Torres. Ante las consultas sobre el futuro de la norma, desde el despacho de una de las legisladoras patagónicas se limitaron a responder de forma enigmática que la definición se dará en los próximos dos días.
El malestar social busca canalizarse este jueves a través de una manifestación frente al Congreso, donde se espera la participación de organizaciones no gubernamentales y diversos partidos políticos. En este contexto de oposición, la Iglesia Católica ha sido uno de los actores más activos. Desde el inicio de las discusiones en comisiones, la institución manifestó su rechazo, centrándose inicialmente en la eliminación del programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia; un punto que finalmente fue excluido del texto impulsado por el oficialismo.
A las presiones externas se suma una fisura interna en el espacio libertario. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha utilizado sus redes sociales para manifestar su postura contra la extranjerización de tierras, marcando así una distancia pública y política con el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es un paquete integral de medidas. Además de la cuestión agraria, la ley busca acelerar los procesos de desalojo en casos de usurpaciones u ocupaciones y falta de pago. Asimismo, modifica los requisitos legislativos para las expropiaciones de bienes privados e introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego para facilitar el uso de propiedades que hayan sido afectadas por catástrofes.
El nudo del conflicto radica en la intención de derogar la Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011. La normativa vigente establece que no se puede enajenar más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental, y limita la propiedad de cualquier persona física o jurídica al 30% de dicho cupo. El borrador actual, acordado entre Bullrich y Sturzenegger, propone eliminar totalmente estos límites para personas físicas y jurídicas privadas. Para las empresas con capital estatal extranjero, se plantea un sistema de "doble conforme" que requeriría autorizaciones tanto de la Nación como de la provincia correspondiente.
La sesión, que había pasado a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, se reanuda este jueves. La postergación previa fue justificada por Bullrich debido a la ausencia de senadores aliados por viajes programados. Si bien la senadora se mostró confiada ante la prensa, asegurando que los legisladores regresarían de sus vacaciones, la realidad parlamentaria parece más compleja.
Se ha reportado que al menos tres senadores radicales, aunque dieron quórum en julio para aprobar pliegos judiciales, aclararon explícitamente que no votarían a favor del capítulo de tierras. Además, la intervención de Sturzenegger, quien manifestó su rechazo a que las provincias tengan potestad para fijar sus propios límites a la venta de tierras, generó ruido interno y dudas sobre la posibilidad de un eventual veto parcial por parte del Poder Ejecutivo.
