El Senado de la Nación se prepara para debatir el próximo jueves un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone eliminar los límites vigentes desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esta iniciativa, enmarcada en un paquete de reformas denominado como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", busca modificar la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, además de otras cuatro normativas vinculadas a expropiaciones, procesos judiciales por ocupaciones, desalojos y el manejo del fuego.
La reforma plantea la derogación del tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden poseer personas físicas o jurídicas extranjeras por país, provincia y departamento. Asimismo, el proyecto busca eliminar el límite adicional que impide que una misma persona o empresa extranjera adquiera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente según la productividad de cada región. Según el texto original de la ley vigente, este esquema de topes ha sido el mecanismo central para contener el crecimiento de la extranjerización en aquellas jurisdicciones que se acercaban al límite legal.
Además de los topes de superficie, la iniciativa propone desactivar la obligación de registrar las ventas de tierras a extranjeros y suprimir el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo de control creado para monitorear el cumplimiento de las normas en todo el país. En simultáneo, el proyecto traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma, otorgándoles la facultad de definir la cantidad de tierras y la localización de las mismas que los extranjeros pueden comprar en sus respectivos territorios.
En la provincia de Catamarca, el panorama actual resalta la sensibilidad de esta medida. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) correspondientes a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural catamarqueño pertenece a extranjeros, lo que coloca a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan en el ranking de mayor extranjerización del país. No obstante, un informe del Observatorio de Tierras, elaborado por el Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) utilizando los mismos datos oficiales, ubicó a Catamarca como la quinta provincia con mayor proporción de tierra rural en manos foráneas, con un 11,5%, lo que representa más de 1,1 millones de hectáreas.
El análisis provincial revela disparidades marcadas entre los dieciséis departamentos. Dos de ellos, Tinogasta y Paclín, ya superan ampliamente el límite legal del 15%. Tinogasta encabeza la lista con un 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Este departamento es especialmente crítico, ya que el Registro Nacional de Glaciares y el sistema de proyectos mineros identifican que la propiedad foránea coincide con áreas glaciares y periglaciares, zonas vinculadas a reservas de agua dulce y yacimientos de litio. Por su parte, Paclín registra un 20,66% de extranjerización; aunque posee una escala menor con 98.373 hectáreas, la concentración proporcional es decisiva para la tierra productiva local. Otros departamentos como La Paz (11,72%) y Santa María (9,30%) se mantienen por debajo del límite legal, aunque significativamente por encima del promedio provincial.
La reforma no se limita a la propiedad rural. El proyecto modifica la Ley Nacional de Expropiaciones N° 21.499, redefiniendo los criterios de "utilidad pública" para acotar la capacidad del Estado de adquirir bienes privados mediante indemnización previa. También introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar la recuperación de la posesión de bienes ante ocupaciones ilegales. Finalmente, deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego incorporados en 2020, los cuales impedían modificar el destino de bosques nativos, humedales o áreas agrícolas afectados por incendios durante 30 o 60 años, mecanismo diseñado para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
Esta iniciativa ha provocado fuertes reacciones políticas. Juan Carlos Ledesma, presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, calificó el proyecto como un "atentado contra la soberanía nacional" y un "cheque en blanco al capital extranjero" para apoderarse de recursos estratégicos. Ledesma advirtió que, sin topes ni trazabilidad del comprador final, la extranjerización se convertiría en un proceso sin freno institucional. El legislador enfatizó que el Gobierno está "legalizando el saqueo de nuestros recursos" bajo el discurso de la libertad y solicitó explícitamente a los tres senadores nacionales por Catamarca que rechacen el proyecto en defensa de los intereses de la provincia y su pueblo.
