El proceso de asignación de la empresa constructora para el Museo Nacional, una obra valorada en 100 millones de dólares, se ha convertido en el centro de una intensa polémica institucional. Resulta llamativo que un gobierno caracterizado por ideas fijas y una limitada capacidad de ejecución haya logrado organizar un segundo concurso y modificar la asignación de la constructora en un lapso de tan solo diez días.
Esta celeridad en la gestión del museo contrasta significativamente con la situación actual de las instituciones culturales del Estado. El régimen ha degradado el Ministerio de Cultura a la categoría de Viceministerio, asignándole un presupuesto de 10 millones de dólares para el bienio 2026-2027. Esta cifra resulta ínfima cuando se compara con el gasto militar, que para el presente año supera los 2 000 millones de dólares, evidenciando una marcada disparidad en las prioridades financieras del Ejecutivo.
Uno de los puntos más cuestionados es la justificación brindada por el gobierno para el cambio de proyecto. Las autoridades argumentaron que la decisión se tomó debido al rechazo del proyecto original manifestado en las redes sociales. Sin embargo, este argumento genera interrogantes, ya que el gobierno ha ignorado sistemáticamente protestas sociales expresadas en las mismas plataformas sobre temas de mayor gravedad y relevancia, tales como la escasez de medicinas, la tortura y la desaparición de personas.
Este accionar ha sido calificado como un ejemplo de populismo digital. El gobierno creó una apariencia de participación ciudadana mediante la implementación de un voto digital con una duración de dos días, donde los usuarios debían elegir entre tres proyectos que ya habían sido definidos previamente por el régimen. Esta dinámica, lejos de ser un proceso democrático, provocó un fuerte remesón institucional.
Como consecuencia directa de estas tensiones, se produjeron renuncias en cargos clave. La viceministra de Cultura dimitió de su puesto tras defender la decisión técnica del primer concurso, sosteniendo que dicha evaluación no se centraba únicamente en la fachada, sino en una propuesta integral. En la misma línea, renunció el director del Museo, Carlos Montalvo. Mientras tanto, el ministro de Infraestructura, quien había formado parte del primer jurado, fue el encargado de anunciar la anulación del proceso inicial.
La controversia se profundiza con el testimonio de Alejandro Zaera Polo, arquitecto español e integrante del primer jurado. Zaera Polo denunció que existieron presiones gubernamentales para posicionar al proyecto denominado ‘Estratos Vivos’, desarrollado por el grupo japonés SANAA, en el segundo lugar de la clasificación, a pesar de que, según el arquitecto, dicha propuesta no cumplía con los estándares mínimos requeridos. Resulta notable que, tras estas presiones y la anulación del primer proceso, el proyecto ‘Estratos Vivos’ fuera justamente el ganador del segundo concurso.
A las denuncias de presiones se suman señalamientos sobre la composición del segundo jurado. Se ha denunciado que este grupo estuvo integrado por personas que mantienen relaciones comerciales con la familia del Presidente de la República. El resultado de esta elección es una propuesta que, según se advierte, pone en riesgo la integridad de 1,2 millones de piezas patrimoniales. El proyecto ganador propone colocar dichas piezas al nivel del suelo en un espacio que anteriormente fue una laguna y que, además, está sujeto a actividad sísmica.
Finalmente, el proceso fue presentado públicamente como un “éxito de la gente”. No obstante, se critica que se haya hecho un uso político de los memes para simplificar temas técnicos complejos, reduciendo la decisión a una elección basada en la apariencia del frente del edificio. Desde un punto de vista técnico, lo sensato habría sido explicar detalladamente la propuesta ganadora original y, en caso de ser necesario, solicitar una modificación de la fachada, en lugar de anular todo el proceso y arriesgar el patrimonio nacional.
