El Ecuador se encuentra actualmente atravesando una etapa crítica en su trayectoria republicana, marcada por lo que se describe como una peligrosa trampa: el letargo del desinterés ciudadano frente a un avance autocrático progresivo. De acuerdo con el análisis planteado por Carlos Eduardo Bustamante Salvador, las democracias rara vez desaparecen de manera súbita, sino que tienden a desmoronarse en silencio a través de cálculos quirúrgicos ejecutados por quienes ostentan el poder, aprovechando el agotamiento de una población que ha dejado de exigir las garantías mínimas a sus gobernantes.
Bajo la actual administración del presidente Daniel Noboa, se observa un preocupante repliegue de las libertades fundamentales. Este proceso se ha desarrollado bajo una fachada de eficiencia táctica, donde el uso permanente de la narrativa del “Conflicto Armado Interno” ha permitido la normalización de la excepcionalidad jurídica. Esta estrategia ha servido para justificar medidas extraordinarias mientras, en la práctica, la realidad cotidiana de los ciudadanos muestra un escenario de desprotección en las calles, hospitales desabastecidos y un sistema educativo en estado de abandono.
Sin embargo, el aspecto más alarmante de este giro hacia la autocracia no reside únicamente en la ineficacia de los servicios públicos, sino en la sistemática captura de la disidencia política. La salud de cualquier nación se mide a través de la independencia de sus árbitros y la libertad de sus contrapesos institucionales. En el caso ecuatoriano, se denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y diversos tribunales han actuado con una celeridad quirúrgica para suspender y proscribir a fuerzas políticas de oposición. Estas acciones, ejecutadas justo antes de procesos electorales cruciales, transforman el acto del voto: deja de ser una elección libre para convertirse en una preselección diseñada por el régimen.
Paralelamente a la asfixia política, la fiscalización periodística ha sido blanco de ataques directos. Un ejemplo crítico es el Caso Progen, relacionado con la crisis energética que afecta al país. Las revelaciones periodísticas sobre este tema han sido respondidas no con transparencia, sino mediante la persecución laboral y el amedrentamiento de los familiares de los comunicadores. El uso del aparato estatal para perseguir a hijos y esposas de quienes buscan la verdad es señalado como una práctica característica de autocracias autoritarias, alejándose totalmente de los principios de un mandatario republicano y disolviendo el Estado de derecho para dar paso a lo que se define como venganza institucional.
Ante este panorama, surge un llamado urgente a la ciudadanía ecuatoriana para despertar de su adormecimiento. Se advierte que aceptar la impunidad y la asfixia democrática a cambio de promesas de seguridad que no se han cumplido, o basándose en videos efectistas difundidos en redes sociales, representa hipotecar el futuro de la nación entera. La estabilidad social no puede basarse en el silencio impuesto a la prensa ni en la proscripción de partidos políticos.
En conclusión, se exige firmemente que el gobierno de Daniel Noboa respete las reglas del juego democrático, detenga la instrumentalización selectiva de la justicia y restablezca la neutralidad del Estado. La construcción de una paz social genuina requiere de transparencia, institucionalidad y un respeto absoluto a la ley. Ecuador no requiere de un nuevo autócrata, sino de ciudadanos conscientes y despiertos que estén dispuestos a defender su libertad frente a los intentos de control institucional.
