Patricia Bullrich ha constatado este viernes que, a pesar de los esfuerzos de negociación, continúa sin contar con el respaldo necesario en la Cámara Alta para lograr la aprobación de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada. La conclusión surgió tras una reunión mantenida a través de la plataforma Zoom con senadores aliados, donde quedó en evidencia que el principal obstáculo sigue siendo el capítulo referido a la venta de tierras. La postura de los legisladores es tajante: mientras el proyecto no sea modificado en ese punto específico, no será votado.
El núcleo del conflicto radica en la discrepancia sobre el porcentaje de territorio que puede ser enajenado a personas o empresas extranjeras en cada provincia. El dictamen impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone un esquema que deja el territorio casi totalmente liberado para la venta. Esta postura choca frontalmente con las pretensiones de las bancadas que colaboran con la Casa Rosada, quienes exigen la implementación de un "tope" para limitar dicha venta.
En la actualidad, la normativa vigente permite que se entregue hasta un 15 por ciento del territorio a extranjeros. Los senadores que responden a gobernadores cercanos al Gobierno nacional aspiran a que se fije un límite superior, situándolo entre el 20 y el 30 por ciento, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones. Esta diferencia de criterios ha llevado a que el tratamiento de la ley ya haya fracasado en tres ocasiones anteriores.
El próximo 6 de agosto es la fecha clave en la que el proyecto podría volver a ser sometido a votación, aunque miembros de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) advierten que el riesgo de una nueva frustración es elevado si Sturzenegger no accede a los pedidos del Senado. Los legisladores, quienes participaron de la reunión telemática con Bullrich para no interrumpir sus vacaciones, esperan una respuesta formal del ministro para el próximo lunes.
La complejidad del proyecto se refleja también en el proceso de redacción. Según fuentes legislativas, el capítulo de tierras ha sido reescrito en numerosas ocasiones; un aliado mencionó que ya van por la vigésima versión, mientras que otros miembros del bloque oficialista admitieron que dejaron de numerar las versiones para evitar estigmatizar el proceso. Estas correcciones se vienen realizando por fuera del trabajo habitual en comisiones, bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann.
En el plano político interno, el proyecto de Sturzenegger parece haberse convertido en una herramienta de presión de la Casa Rosada hacia Patricia Bullrich. Se percibe que el Gobierno le ha asignado la tarea de alcanzar un objetivo que, en las condiciones actuales, resulta casi imposible. Esta dinámica se repite con la intención de eliminar las PASO, un encargo que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a pesar de que Bullrich ya había advertido en las reuniones de mesa política que dicha medida no prosperaría.
Este escenario de tensión se entrelaza con un conflicto interno respecto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En las últimas 48 horas, Santilli ha cargado contra Villarruel solicitando su renuncia, imitando una línea de acción alineada con el "karinismo". Bullrich, quien previamente había ventilado discusiones privadas con la vicepresidenta en el grupo de WhatsApp oficialista, intentó recientemente desescalar el conflicto en una reunión privada. No obstante, fuentes del Senado indican que Bullrich admitió sentirse en un lugar "incómodo", situación que Villarruel aprovecharía en medio del congelamiento político que Karina Milei le aplica.
La coincidencia de Santilli y Bullrich en su postura contra la vicepresidenta ocurre en un momento crítico, ya que en el Senado se especula que Villarruel podría tener el voto decisivo para desempatar en contra del Gobierno si los votos se empardan en el recinto.
En términos numéricos, el panorama para el oficialismo es complejo. Los interbloques de José Mayans y Carolina Moisés suman 28 senadores en rechazo. A este grupo se sumarían, de no modificarse el capítulo de tierras, tres senadores radicales, además de Flavia Royón (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba), estableciendo un piso de 33 legisladores en contra. Con la incertidumbre sobre el voto de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y dejando fuera de los cálculos a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los libertarios se encuentran al borde de un nuevo fracaso legislativo.
