El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Arcadi España, ha procedido a hacer llegar este viernes a los consejeros responsables de la materia en las comunidades autónomas el borrador detallado con la "letra pequeña" de la propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica. Este movimiento representa un paso decisivo en la hoja de ruta del Gobierno para reestructurar el sistema de reparto de recursos entre el Estado y las regiones.
En el envío de este documento, el departamento dirigido por Arcadi España ha reiterado su disposición a introducir cambios y abrirse a modificaciones. Esta estrategia parece responder a un doble objetivo político. Por un lado, el Ejecutivo intenta generar una brecha en la posición actual de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, las cuales han mantenido hasta el momento una postura monolítica de rechazo hacia la propuesta. Por otro lado, Hacienda busca asegurar y consolidar el apoyo de los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha para fortalecer la base de respaldo al nuevo modelo.
La propuesta remitida se mantiene fiel al marco general establecido previamente por la exministra María Jesús Montero. El texto no presenta modificaciones respecto a lo pactado con ERC y cuenta, asimismo, con el aval del Govern de Generalitat, encabezado por Salvador Illa. De hecho, la arquitectura política de la reforma sugiere que el apoyo de la Generalitat sería suficiente para sacar adelante la iniciativa en las instancias correspondientes.
El calendario de tramitación ya ha sido fijado con fechas concretas. El próximo martes se llevará a cabo un comité técnico destinado a analizar los pormenores de la reforma. Posteriormente, el 29 de julio se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de carácter monotemático, sesión en la cual se someterá el texto a votación definitiva. Una vez superada esta etapa, la propuesta se trasladaría al Consejo de Ministros después del periodo estival para su aprobación final y el posterior inicio de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que el nuevo modelo financiero conllevará un incremento de recursos para todas las comunidades autónomas, sin excepción alguna. Según los argumentos del Gobierno, el sistema permitirá elevar la autonomía fiscal de las regiones, blindar la sostenibilidad del Estado de bienestar y reducir las disparidades actuales en lo que respecta a la financiación por habitante ajustado. En términos cuantitativos, el documento establece una aportación adicional total de 20.975 millones de euros.
Uno de los núcleos centrales del nuevo documento es la definición de la "población ajustada". El Ejecutivo propone un nuevo sistema que incorpora variables actualizadas y una estratificación más precisa de los grupos de población para hacer el reparto más justo. Para garantizar la solidaridad interterritorial, se ha diseñado un mecanismo de nivelación horizontal que Hacienda define como equitativo, objetivo y transparente.
En cuanto a la capacidad tributaria, la propuesta introduce una novedad relevante: la posibilidad de que las comunidades autónomas reciban la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas (pymes) situadas en sus respectivos territorios. Esta medida forma parte de un plan más amplio para incrementar la autonomía financiera de todas las regiones.
Asimismo, el borrador contempla modificaciones en el sistema actual para aumentar la cesión de impuestos. Bajo el nuevo modelo, la cesión por IRPF se situaría en el 55%, mientras que para el IVA alcanzaría el 56,5%. Además, el sistema de financiación ampliaría su base de recursos al incluir impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre las actividades de juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.
Este proceso de reforma no ha estado exento de tensiones. El documento actual es el aterrizaje de una propuesta inicial presentada en enero, la cual fue analizada en reuniones bilaterales únicamente con las comunidades gobernadas por el PSOE y Canarias. El resto de ejecutivos, presididos por el PP, boicotearon aquella ronda de negociaciones. Pese a este escenario de confrontación, el Gobierno central intenta forzar una segunda ronda de conversaciones y hace un nuevo llamamiento para continuar el debate en los comités técnicos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, en el seno del Congreso.
