Organizaciones empresariales de Uruguay han elevado un pedido formal al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes frente al prolongado conflicto laboral que afecta al Puerto de Montevideo. Según advierten estas entidades, la situación actual mantiene "en jaque" al comercio exterior del país sudamericano, generando una inestabilidad que impacta directamente en la economía nacional y la competitividad de sus empresas.
La crisis se ha intensificado tras el fracaso de una nueva instancia de negociación llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo. En este encuentro, la empresa encargada de gestionar la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines no lograron alcanzar un acuerdo, lo que ha profundizado la disputa laboral en una de las infraestructuras más críticas para el flujo comercial de Uruguay.
El origen del conflicto radica en la necesidad de renovar el convenio colectivo de trabajo que rige para los 550 funcionarios de la terminal. La TCP es una entidad compuesta en un 80 % por el operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en un 20 % por la Administración Nacional de Puertos. La tensión aumentó una vez que el acuerdo colectivo anterior perdió su vigencia, dejando un vacío normativo que ambas partes no han podido resolver mediante el diálogo.
En un comunicado emitido este miércoles, las organizaciones empresariales manifestaron su profunda preocupación por la recurrencia de las interrupciones operativas. De acuerdo con los datos presentados por estas entidades, durante el año 2025 se registraron más de 30 días con disrupciones en el servicio, mientras que en lo que va del presente año ya se han contabilizado 25 días afectados. Ante este panorama, el sector empresarial cuestionó la tolerancia oficial frente a estos hechos, preguntando hasta cuándo se permitirá que conflictos de carácter particular sigan afectando el comercio exterior y la economía general del país.
Las organizaciones empresariales sostieron que esta situación no solo perjudica la operatividad inmediata, sino que permite la generación de sobrecostos y profundiza los problemas de conectividad logística. Estos factores, según denuncian, impactan inevitablemente en la competitividad de las empresas uruguayas y, en última instancia, se trasladan al costo de vida de toda la ciudadanía. Asimismo, recalcaron que Uruguay ha realizado esfuerzos significativos para concretar acuerdos comerciales que potencien las exportaciones, la inversión y la creación de empleo, pero que para aprovechar dichas oportunidades es imperativo garantizar que las "puertas que nos unen al mundo" permanezcan abiertas.
En el mismo sentido, el comunicado fue enfático al señalar que el Puerto de Montevideo no debe detener su actividad bajo ninguna circunstancia, sea por un conflicto laboral o cualquier otra razón. Por ello, instaron al Poder Ejecutivo a intervenir de manera urgente para subsanar la situación actual y asegurar que el desarrollo de las actividades portuarias se normalice y se mantenga estable en el futuro.
Desde la perspectiva de la empresa, Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, explicó que el diálogo con el sindicato fue interrumpido por la organización gremial. Según Correa, el sindicato impuso como condición previa para retomar las negociaciones que la empresa garantice 25 jornales mensuales asegurados a los trabajadores o, en su defecto, realice un pago de 50.000 pesos uruguayos (aproximadamente 1.200 dólares estadounidenses) líquidos a cada empleado mientras se mantengan las conversaciones.
La dirección de la terminal considera que estas exigencias constituyen una "coerción" inaceptable. Además, la empresa advirtió que la implementación de paros y medidas sorpresivas ha provocado pérdidas económicas millonarias, debido principalmente al desvío de buques hacia otros puertos, lo que deteriora la reputación y eficiencia de la terminal.
Por otro lado, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ha denunciado que no existen condiciones laborales básicas para el desempeño de sus funciones. Los representantes sindicales puntualizaron que, en pleno invierno y con temperaturas bajo cero, la dirección de la empresa se negó a instalar baños portátiles y dispensadores de agua caliente en la zona operativa. Esta carencia, según denuncian, ha obligado al personal a caminar hasta trescientos metros a la intemperie para acceder a dichos servicios, afectando la salud y el bienestar de los trabajadores.
