Vox denuncia una estrategia del Gobierno para evitar el suplicatorio de Pedro Sánchez mediante el 'lawfare'

El grupo parlamentario de Vox ha manifestado este martes su preocupación y ha lanzado una alerta formal sobre lo que considera la puesta en marcha de una estrategia coordinada por parte del Ejecutivo. Según la formación liderada por Santiago Abascal, el Gobierno estaría implementando un plan para denunciar el presunto uso de la Justicia con fines políticos, concepto técnicamente conocido como 'lawfare', con el objetivo final de justificar un eventual rechazo por parte del Congreso de los Diputados a un suplicatorio que pudiera ser cursado por el Tribunal Supremo para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta denuncia fue expuesta detalladamente en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja por la portavoz del grupo parlamentario de Vox, Pepa Rodríguez de Millán. Durante su intervención, la portavoz enmarcó dentro de esta estrategia el despliegue de diversas encuestas publicadas el pasado lunes, tanto por medios de comunicación como por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Para Rodríguez de Millán, la publicación de estos estudios resulta "casual" y, en sus propias palabras, "sincronizadísima", sugiriendo que su propósito es poner en duda la imparcialidad de la Justicia cuando esta decide investigar a partidos políticos.

A juicio de la representante de Vox, este despliegue de datos sociológicos sirve como herramienta para que el Gobierno pueda construir y consolidar un "relato de una supuesta persecución judicial". Esta narrativa, según advierte Millán, sería el recurso al que acudiría el Ejecutivo en caso de que el Tribunal Supremo solicite formalmente la autorización del Congreso para proceder con una investigación contra el jefe del Ejecutivo. En este sentido, la portavoz fue tajante al afirmar que el Gobierno "está preparando el camino para la rebeldía y la sublevación frente a la Justicia y los españoles".

Uno de los puntos más críticos señalados por Vox es la posible intervención de la Mesa del Congreso. Debido a que el PSOE y Sumar cuentan con la mayoría en dicho órgano, Vox teme que se intente frenar o bloquear cualquier eventual suplicatorio. Para ilustrar este riesgo, Rodríguez de Millán recordó el funcionamiento del Reglamento de la Cámara, el cual estipula que la Mesa dispone de un plazo de cinco días para remitir la petición del Tribunal Supremo a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Una vez recibida, dicha Comisión tiene un margen máximo de 30 días para tramitar la solicitud, aunque la decisión definitiva sobre la concesión del suplicatorio recae en el Pleno.

La portavoz de Vox puso especial énfasis en una laguna normativa del reglamento vigente: la denegación tácita. Actualmente, las normas de la Cámara establecen que el suplicatorio se considera denegado si el Congreso no se pronuncia sobre el mismo en un plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente al recibo del escrito enviado por el Tribunal Supremo. Ante este escenario, Vox ha manifestado su intención de modificar el Reglamento de la Cámara para eliminar esta posibilidad. La propuesta de la formación es obligar a que todos los suplicatorios sean sometidos a votación en cualquier circunstancia, estableciendo que la única vía legal para denegarlo sea a través de un voto expreso y manifiesto.

Finalmente, Pepa Rodríguez de Millán enfatizó que su grupo utilizará todos los instrumentos legales y parlamentarios a su alcance para evitar que el PSOE utilice las instituciones como una herramienta para garantizar su impunidad. El objetivo, según la portavoz, es lograr que las personas implicadas terminen compareciendo ante un juez. Asimismo, aseguró que Vox empleará los gobiernos donde tiene representación para actuar como "diques de contención" frente a las posibles presiones que el Ejecutivo pudiera ejercer sobre el poder judicial.