El Colectivo de Resistencia Obrero Sindical (CROSS) llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo con el objetivo de exigir que El Salvador no sea excluido de la denominada "Lista Corta" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante la movilización, las organizaciones sindicales denunciaron que en las últimas semanas se ha desplegado una campaña coordinada para intentar retirar al país de este mecanismo de control internacional.
Para comprender la magnitud de la exigencia, es necesario contextualizar el funcionamiento de la OIT. Cada año, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, la Comisión de Aplicación de Normas selecciona un grupo restringido de 24 países a nivel mundial. Estos países son aquellos que presentan violaciones graves y sistemáticas a los convenios internacionales que han sido ratificados. Este grupo es conocido técnicamente como la «Lista Corta», aunque en el ámbito laboral es frecuentemente referida como la «lista negra» de los derechos laborales.
A juicio del colectivo CROSS, la permanencia de El Salvador en esta lista es fundamental y necesaria debido a la situación actual del sector público y municipal. Los manifestantes señalan que existen despidos masivos y una persecución sistemática contra los trabajadores, sumado a la invisibilización de sus demandas, la denegación de credenciales y una negativa persistente hacia la negociación colectiva y el diálogo social.
Sonia Urrutia, miembro activa del colectivo, enfatizó durante la jornada que en el territorio salvadoreño se han cometido graves atropellos a los derechos laborales y sindicales. Según Urrutia, la situación actual obliga a los trabajadores a no callar y a alzar la voz ante los abusos contra la clase trabajadora y la legalidad de las organizaciones sindicales. Denunció que, en la actualidad, el simple hecho de formar parte de un sindicato conlleva riesgos de persecución, encarcelamiento y la criminalización de los dirigentes sindicales, razones por las cuales sostienen que el país no puede salir de la supervisión de la OIT.
La representante argumentó además que existe una serie de arbitrariedades y violaciones sistemáticas no solo a los derechos laborales, sino también a la Constitución de la República y a convenios internacionales específicos, haciendo énfasis en los convenios 87 y 98, los cuales están relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva.
El CROS ha exigido formalmente mantener la fiscalización de la OIT frente a los atropellos a la libertad sindical, especialmente ante la proximidad de la próxima conferencia internacional del trabajo en Ginebra. El colectivo sostiene que el Gobierno intenta retirar al país de este examen prioritario, a pesar de que, según su criterio, El Salvador no cumple con las condiciones democráticas ni laborales requeridas para salir de dicho mecanismo.
En una conferencia de prensa, el Colectivo aclaró que la permanencia en la lista corta no debe interpretarse como un ataque a la soberanía nacional, sino como la única garantía de supervisión internacional disponible para los trabajadores salvadoreños ante el quebrantamiento sistemático de los convenios internacionales ya mencionados.
Entre las razones que justifican esta permanencia, el grupo señaló que el Gobierno ha "secuestrado" las credenciales sindicales. Afirman que el Ministerio de Trabajo mantiene una política deliberada de "asfixia administrativa", retrasando de forma arbitraria la entrega de credenciales tanto a las juntas directivas como a los sindicatos independientes.
Asimismo, denunciaron el uso recurrente de la figura de “supresión de plazas” para ejecutar despidos masivos. Según los sindicatos, este mecanismo es utilizado deliberadamente para desmantelar las organizaciones de trabajadores y vulnerar el fuero sindical, afectando principalmente a las alcaldías e instituciones del Estado.
Sonia Urrutia advirtió que salir de la lista corta en este momento enviaría un mensaje de "impunidad absoluta" al resto del mundo, validando la idea de que se puede perseguir el sindicalismo independiente en El Salvador sin enfrentar consecuencias jurídicas a nivel internacional. En este sentido, el CROS enfatizó que la justicia laboral no debe verse como una concesión gubernamental, sino como un derecho conquistado.
Por su parte, otra de las representantes del colectivo señaló que existen diversas formas de destruir un país, mencionando la mentira, el engaño, la falta de transparencia y la destrucción de las instituciones. Aseguró que, actualmente, los trabajadores carecen de cualquier institución estatal que los proteja ante situaciones de acoso laboral o traslados arbitrarios.
Las cifras presentadas por el colectivo son alarmantes: denuncian que más de 47 mil trabajadores han sido despedidos del sector público, alegando que se han irrespetado los debidos procesos y el pago de sus prestaciones laborales. Además, reportan que decenas de sindicatos han desaparecido desde el año 2019.
Estas acciones, según Sonia Urrutia, se enmarcan en la aplicación de un régimen de excepción que ha sido utilizado contra los dirigentes sindicales para silenciar sus voces. La representante reconoció que, desde 2019, el país ha experimentado un retroceso significativo en materia de derechos humanos y laborales.
Finalmente, el colectivo hizo un llamado a la comunidad internacional y al pueblo salvadoreño para comprender la importancia de que el Gobierno siga siendo parte de la lista corta de la OIT. Alexander Palacios, secretario por Cabañas de Bases Magisteriales y trabajador despedido bajo la modalidad de supresión de plazas, concluyó que la medida es necesaria porque se continúan cometiendo ilegalidades y atropellos contra la clase trabajadora.
