La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió al paso de las recientes controversias que han rodeado la estrategia de seguridad del Gobierno, asegurando categóricamente que existe un plan estructurado y describiéndolo como "bien robusto". Estas declaraciones se produjeron en el marco de una entrevista concedida a Vilas Radio, medio de la región de Arica y Parinacota, donde la autoridad abordó los cuestionamientos sobre la hoja de ruta del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad.
Durante la conversación, la subsecretaria fue enfática al desestimar las dudas sobre la planificación gubernamental. "Por supuesto que hay plan de seguridad. De hecho, es un plan bien robusto", afirmó Quintana, quien además subrayó que el proyecto no es meramente una declaración de intenciones, sino que ya se encuentra en fase de ejecución, señalando que "ya se están desarrollando muchas de las acciones del plan".
Este pronunciamiento adquiere especial relevancia tras los comentarios emitidos previamente por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El secretario de Estado había indicado que el Ejecutivo llevaría a cabo sus labores bajo el marco de la Política Nacional de Seguridad Pública, la cual fue promulgada durante la administración del presidente Gabriel Boric. Esta diferencia en el enfoque de las declaraciones había generado el espacio para la polémica que la subsecretaria buscó resolver en su intervención radial.
En cuanto a la difusión de los detalles específicos de esta estrategia, Ana Victoria Quintana aclaró que existe una programación establecida para la entrega de información detallada. Según explicó la autoridad, los aspectos puntuales del plan, basándose en la información que la subsecretaría ha manejado durante este tiempo, serán presentados formalmente por el Presidente de la República el próximo 1 de junio.
Uno de los puntos centrales de la intervención de la subsecretaria fue la puesta en valor de las acciones emprendidas en la zona norte del país. Quintana destacó específicamente las labores de seguridad implementadas en la frontera, haciendo mención a la construcción de la zanja, una obra que, según sus datos, ya abarca una extensión cercana a los 10 kilómetros. Para la autoridad, esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte integrante del plan de seguridad y responde a los compromisos que el Presidente de la República manifestó y comenzó a ejecutar desde el inicio de su gestión.
Asimismo, la subsecretaria detalló la filosofía de gestión que el Gobierno pretende aplicar en materia de seguridad pública. Quintana explicó que el criterio fundamental será la continuidad de aquellas medidas que hayan demostrado ser efectivas, argumentando que "aquello que se está haciendo bien nosotros no tenemos por qué interrumpirlo". Según su visión, estas acciones deben persistir debido a que constituyen "políticas de Estado", trascendiendo así las visiones gubernamentales momentáneas.
No obstante, la subsecretaria también reconoció la necesidad de realizar ajustes en aquellos procesos que no estén entregando los resultados esperados. Al respecto, enfatizó que el Gobierno está trabajando en reformular aquello que consideren necesario para alcanzar mejores metas, basándose en las proyecciones de lo que podría ocurrir en el escenario delictual.
"Lo que esté bien hecho nosotros lo vamos a continuar, lo vamos a reforzar, y lo que no esté funcionando de la manera que nosotros esperamos, lo vamos a reformular, lo vamos a modificar", precisó Quintana. Además, añadió que a este proceso de ajuste se le sumarán "nuevas ideas en prevención y en seguridad", buscando optimizar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía.
Finalmente, la subsecretaria se refirió a la relación con los sectores políticos contrarios al Gobierno. Al ser consultada sobre la oposición y la posibilidad de contar con su apoyo en las políticas de seguridad, Quintana manifestó su optimismo. Sostuvo que cree que la oposición comprenderá la lógica aplicada por el Gobierno para enfrentar la delincuencia y aseguró que el Ejecutivo cuenta con el compromiso de todos los actores sociales y políticos, dado que el combate a la criminalidad es un objetivo que beneficia a toda la población.
