Agustina Viracachá, una mujer de 77 años, lleva cuatro meses esperando una cita con un especialista a través de su Entidad Prestadora de Salud (EPS). A pesar de madrugar repetidamente al hospital y de intentar gestionar el turno mediante teléfono y la web sin éxito, su estado de salud continúa deteriorándose. Viracachá padece asma crónica y fuertes jaquecas, y recientemente ha empezado a experimentar dolores en una pierna que dificultan su movilidad. Al vivir sola y depender de la pensión de su difunto esposo, no cuenta con los recursos económicos para adquirir los medicamentos que las farmacias ya no le suministran.
El caso de Viracachá es reflejo de una situación que afecta a miles de colombianos y que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la preocupación ciudadana. La crisis en la prestación de los servicios de salud, junto con la persistente violencia, representa una de las principales deudas de la administración del presidente Gustavo Petro, quien se encamina hacia la etapa final de su mandato antes de las elecciones del próximo domingo 31 de mayo. La gravedad del sistema ha llegado a puntos críticos, como el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.
Desde la perspectiva sectorial, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, señala que el problema radica en las deudas que el Gobierno mantiene con las EPS, lo que ha llevado a muchas instituciones al borde de la quiebra o al cierre. Giraldo describe la reforma a la salud actual como un proyecto en "estado zombi", tras dos intentos fallidos en el Congreso. Para el directivo, cualquier reforma es urgente e impostergable para sacar al sistema de "cuidados intensivos". Por su parte, el Gobierno responsabiliza a las EPS de un mal uso de los recursos y defiende un modelo preventivo, más estatal y enfocado en las regiones apartadas.
El balance del mandato de Petro no se limita a la salud. Analistas políticos como Pedro Viveros sugieren que el presidente no logró concretar su "revolución" debido a que sus reformas fueron frenadas en el legislativo por extralimitaciones. Viveros sostiene que Petro comenzó su gestión con una coalición abierta, pero luego decidió gobernar únicamente con su grupo ideológico de izquierda, perdiendo las mayorías necesarias para aprobar reformas a la justicia, al sistema electoral, política y agraria.
En contraste, algunos sectores destacan logros sociales. El analista Óscar Montes menciona la aprobación de la reforma laboral como un avance que reivindicó derechos como el pago de horas extras. Asimismo, el Gobierno exhibe una reducción del 40% en la deforestación amazónica y el éxito diplomático de organizar la COP16 en Cali en 2024. No obstante, el politólogo Hernando Gómez Buendía califica el periodo como una "batalla simbólica y lingüística" donde hubo mucha retórica pero pocos cambios de fondo, describiendo al mandatario como un "jefe de la oposición" dentro de su propio gobierno.
La situación económica también genera alarmas. Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, advierte que el próximo gobierno heredará finanzas públicas muy deterioradas. Destaca un déficit fiscal cercano al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra significativamente superior al 3,5% histórico, en una economía que apenas crece por encima del 2%. Además, la política de transición energética ha reducido la inversión extranjira en el sector minero-energético, afectando las regalías nacionales a través de Ecopetrol.
A estos desafíos se suman escándalos de corrupción que involucran a exfuncionarios, investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial y el resurgimiento de la violencia rural. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, representando casi dos tercios de la producción global según la UNODC, un tema que ha generado desencuentros diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos.
Mientras Petro se ufa de una encuesta que le otorga un 55% de aprobación y propone una Asamblea Nacional Constituyente para resolver problemas endémicos, los analistas coinciden en que existe una brecha considerable entre el relato transformador del Gobierno y la realidad administrativa y macroeconómica del país. Quien asuma la presidencia el 7 de agosto enfrentará el reto de estabilizar la salud, reducir el déficit fiscal y reformular la lucha contra el narcotráfico.
