A menos de dos semanas de que el presidente José Antonio Kast rinda su primera Cuenta Pública el próximo 1 de junio, el clima político en La Moneda se ha tornado tenso. Lejos de presentarse como un bloque monolítico de apoyo, el oficialismo, encabezado por Chile Vamos, se ha transformado en la principal fuente de presión sobre el Ejecutivo, llegando a la fecha límite con un extenso petitorio que abarca desde ajustes en el proyecto estrella del Gobierno hasta demandas urgentes en materia de seguridad y gestión estatal.
El foco de la controversia se encuentra, en primer lugar, en la tramitación de la megarreforma. Uno de los puntos más críticos ha sido la disputa por la franquicia tributaria del SENCE. Renovación Nacional (RN) generó un fuerte choque con el Ejecutivo luego de que los diputados Diego Schalper, Eduardo Durán y Ximena Ossandón votaran en contra de los artículos 26 y 27 en comisión y sala. Con este movimiento, bloquearon la propuesta original del Gobierno que buscaba eliminar el mecanismo que permite a las empresas descontar hasta el 1% de su planilla de impuestos por concepto de capacitación laboral.
Esta postura de RN no estuvo exenta de conflictos internos, provocando críticas desde el Partido Republicano y la UDI, quienes calificaron al partido como un "semi oficialismo". No obstante, RN intentó canalizar la tensión presentando tres propuestas alternativas de recaudación para evitar la eliminación total del beneficio. Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que el Gobierno estudiará nuevamente el tema, considerando también las propuestas de la diputada Yeomans del Frente Amplio, dejando la materia pendiente para su resolución en el Senado.
Otro frente abierto dentro de la megarreforma es el relacionado con la inteligencia artificial. El artículo 8 del proyecto, que facultaba la reproducción y distribución de obras sin autorización ni pago al autor, fue rechazado contundentemente en la Cámara con 104 votos en contra y solo 43 a favor, estos últimos mayoritariamente del Partido Republicano. El rechazo fue transversal, incluyendo a sectores del propio oficialismo. Desde la UDI y RN se ha exigido que el Ejecutivo no intente reponer la norma en su forma original en el Senado, demandando un texto que garantice la protección efectiva de los derechos de autor.
En términos de probidad, la UDI ha impulsado una modificación respecto a la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años. Debido a que la medida beneficiaría directamente a ministros del gabinete, la jefa de bancada Flor Weisse y el secretario general Jaime Coloma anunciaron una indicación para excluir a las altas autoridades del Estado de este beneficio. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado una respuesta formal a esta solicitud.
Más allá de la megarreforma, la seguridad se posiciona como el tema más urgente y prioritario para el oficialismo. Parlamentarios del sector sostienen que es la materia de mayor interés ciudadano y que omitirla como eje central del discurso presidencial sería una oportunidad perdida que afectaría la credibilidad y aprobación del mandatario. En este sentido, Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, y Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, entregaron al presidente un documento con propuestas concretas de seguridad. Alessandri fue enfático al señalar que un discurso basado en un 80% en seguridad ayudaría a mejorar los números de aprobación del presidente. Por su parte, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, espera que el 1 de junio se presenten anuncios con plazos y objetivos concretos tras el diagnóstico realizado.
Finalmente, existen dos demandas adicionales que Chile Vamos espera ver reflejadas en la Cuenta Pública. La primera es la aceleración del proyecto de Sala Cuna Universal. Seis diputadas de la UDI, lideradas por Flor Weisse, solicitaron que el presidente anuncie la discusión inmediata del proyecto para que sea ley en junio, criticando que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, haya programado el ingreso de indicaciones recién para mediados de mes. Esta presión ocurre mientras el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional para impugnar la inclusión de este beneficio en la megarreforma.
La segunda demanda, respaldada por la UDI y el Partido Republicano, es la fusión de ministerios y la modernización del Estado. Aprovechando que actualmente tres secretarios de Estado coordinan dos carteras cada uno, Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Sergio Bobadilla han solicitado que Kast anuncie una reforma constitucional para avanzar en una estructura estatal más eficiente y reducir la duplicidad de funciones.
