El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una reestructuración de su gabinete ministerial y la creación del Consejo Económico y Social (CES). Estas medidas surgen como una respuesta directa a las crecientes protestas sociales de diversos sectores que, mediante marchas y bloqueos, han exigido su renuncia a tan solo seis meses de haber asumido la jefatura del Estado.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, el mandatario subrayó la necesidad de ajustar su equipo de trabajo para mejorar la gestión pública. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó Paz. A pesar de este anuncio, el primer mandatario no precisó la fecha exacta en la que se llevarán a cabo los cambios en su equipo de funcionarios.
En su primera aparición pública después de casi una semana de ausencia, el presidente explicó que su administración debe aspirar a ser un “gobierno de todos los bolivianos”, una meta que busca alcanzar una vez que se logren superar ciertos desafíos críticos, destacando entre ellos la estabilización de la economía nacional. En este sentido, Paz señaló que el nuevo equipo de gobierno estará integrado por funcionarios que se caractericen por ser “más ágiles y que escuchen”.
Como eje central de su estrategia para mitigar el conflicto, el mandatario anunció la instauración del Consejo Económico y Social (CES). Esta instancia se concibe como un espacio de debate donde diversas organizaciones sociales podrán participar de manera directa en la toma de decisiones. Según se detalló en una nota de prensa, el primer encuentro de este consejo tendrá lugar este fin de semana.
El presidente Paz, quien estuvo acompañado en su anuncio por tres ministros y su vocero, enfatizó que el objetivo es construir un gobierno conjunto. “Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar para construir gobierno conjunto. Ustedes saben que tenemos una línea de propuestas, de normativas, pero no quiero que el día de mañana, cuando presentemos la normativa, algún malintencionado diga: ‘no, eso es para privatizar; no, eso es para subir la tarifa’”, expresó el mandatario.
Bolivia atraviesa actualmente una espiral de conflictos sociales que se originaron con reclamos de sectores sindicales, quienes demandan aumentos salariales para maestros y obreros, así como mejoras en la calidad del combustible. A estas demandas se sumó un conflicto coyuntural relacionado con el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra. Aunque inicialmente se consideró un problema menor, este punto terminó sirviendo como eje articulador del descontento generalizado contra el Ejecutivo.
La presión sobre el gobierno se ha intensificado debido a que estos reclamos coinciden con una crisis económica heredada de gestiones anteriores, lo que ha derivado en pedidos explícitos de renuncia contra el presidente. Desde hace más de dos semanas, se han registrado bloqueos de carreteras y diversas manifestaciones sociales, principalmente en la región andina del país.
La situación alcanzó niveles críticos en La Paz, sede administrativa del gobierno, donde durante dos jornadas la ciudad se transformó en un escenario de enfrentamientos. Mineros armados con dinamita y otros sectores sociales se enfrentaron a la Policía Nacional, resultando en ataques a instituciones públicas y agresiones contra civiles.
Desde la perspectiva del análisis político, Pablo Deheza señaló en entrevista con Infobae que existe un malestar profundo en la clase trabajadora y los sectores campesinos, quienes fueron la base electoral de Paz. Según el analista, estos grupos se sienten excluidos de la toma de decisiones y perciben contradicciones entre las promesas de campaña y el rumbo actual del gobierno. “La interpelación de los sectores es clara: ‘no puedes llegar al poder con nuestro voto y después hacerte el desentendido y gobernar con otra gente’”, afirmó Deheza, añadiendo que el presidente parecía creer que las responsabilidades sobre las promesas electorales terminaban el día posterior a la votación.
Finalmente, cabe destacar que la propuesta del CES no es una idea nueva en el contexto boliviano. El concepto fue planteado en 2005 en un foro de candidatos presidenciales con el apoyo de diversos actores, incluido Evo Morales. Posteriormente, formó parte del programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana, impulsado por el expresidente Carlos Mesa entre 2019 y 2020. Bajo ese diseño, el CES integraría a representantes de organizaciones sociales, gremios privados e instituciones públicas con un carácter consultivo, orientado a la concertación de políticas sociales, económicas y ambientales para orientar la gestión pública.
