El escenario político y legislativo en torno a la regulación del transporte de pasajeros por aplicaciones ha sumado un nuevo capítulo de tensión. El senador Fidel Espinoza, militante del Partido Socialista (PS), ha presentado un oficio formal ante la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de que se inicie una investigación exhaustiva sobre posibles conflictos de interés que involucrarían al actual ministro de Transportes, Louis De Grange.
La solicitud del parlamentario surge en un contexto de alta sensibilidad social y gremial, específicamente centrada en las modificaciones propuestas a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), popularmente conocida como la "Ley Uber". La preocupación de Espinoza y otros legisladores radica en la relación previa que ha mantenido el jefe de la cartera de Transportes con la empresa Uber, lo que podría, a juicio de algunos sectores, influir en las decisiones administrativas y regulatorias que el Gobierno está impulsando actualmente.
Uno de los puntos centrales que sostiene la petición al organismo contralor es el pasado académico del ministro. Según la información presentada, durante el año 2023, mientras Louis De Grange se desempeñaba como académico, diseñó y llevó a cabo estudios específicos sobre la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte. Lo que ha encendido las alarmas en el Congreso es que dicho trabajo de investigación contó con financiamiento directo proporcionado por la compañía Uber. Esta vinculación económica y profesional previa es la base del cuestionamiento sobre la imparcialidad del ministro al momento de liderar las modificaciones a la normativa vigente.
Paralelamente a este conflicto administrativo, la situación en las calles ha escalado. Durante el pasado lunes, diversos gremios de taxistas organizaron una serie de manifestaciones a nivel nacional. El motivo del descontento es una propuesta específica del Gobierno contenida en la modificación de la Ley Uber: la posibilidad de permitir la inclusión de automóviles tipo “city car” dentro de la oferta de vehículos autorizados para transportar pasajeros a través de aplicaciones.
Para los taxistas, la incorporación de vehículos de dimensiones reducidas representa una amenaza a los estándares del servicio y una ventaja competitiva desleal que perjudica al gremio tradicional. Esta propuesta gubernamental busca modificar el decreto supremo 212, el cual es el instrumento legal que establece las condiciones generales para los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
El malestar de los gremios ha servido como catalizador para que parlamentarios profundicen en la revisión de los nexos entre el Ejecutivo y las plataformas de transporte. La preocupación es que las modificaciones al decreto 212 no respondan únicamente a criterios técnicos de movilidad urbana, sino que puedan estar influenciadas por los vínculos previos del ministro con la aplicación Uber.
En cuanto al estado legal de la normativa, es importante precisar que la Ley EAT ya ha sido aprobada por el cuerpo legislativo. Sin embargo, para que la ley pueda entrar en vigor y ser plenamente operativa, es indispensable la oficialización de su reglamento. Hasta el momento, este paso final no se ha concretado debido a que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo han retrasado la puesta en marcha del marco regulatorio.
En resumen, la solicitud del senador Fidel Espinoza ante la Contraloría General de la República busca transparentar si existe una incompatibilidad ética o un conflicto de interés real que afecte la redacción del reglamento de la Ley Uber. Mientras la CGR analiza el oficio, el sector del transporte se mantiene en alerta, dividiéndose entre la urgencia de los gremios taxistas por frenar la entrada de los "city cars" y la expectativa sobre la resolución final de una ley que promete cambiar la dinámica del transporte en el país.
