Un análisis detallado realizado por la firma Lumen Economic Intelligence ha revelado que el Estado colombiano se convirtió en el motor principal de la economía nacional durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026. Según el estudio, basado en las cifras oficiales suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento observado en el Producto Interno Bruto (PIB) ha dependido en gran medida del consumo público, lo que sitúa al sector privado en una posición de vulnerabilidad y fragilidad.
De acuerdo con los hallazgos de la firma, el consumo público —entendido como el gasto destinado al funcionamiento del Estado, el pago de salarios y la prestación de servicios— fue el responsable del 63% de todo el crecimiento económico registrado en los últimos tres trimestres. Esta cifra ha encendido las alertas entre los analistas económicos, quienes cuestionan la solidez real de la recuperación económica que el país ha reportado oficialmente.
Para llegar a estas conclusiones, Lumen Economic Intelligence aplicó un método técnico denominado análisis contrafactual sobre las cuentas nacionales del Dane. Este procedimiento permite proyectar qué habría sucedido con el crecimiento del PIB si el gasto del Gobierno nacional se hubiera mantenido constante, es decir, si no hubiera presentado incrementos respecto al año anterior. Los cálculos fueron realizados utilizando precios constantes del año 2015, siguiendo la base técnica que emplea el Dane para medir el crecimiento real de la economía.
Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence y quien anteriormente se desempeñó como director de Fedesarrollo, señaló que el gasto público ha sido el factor determinante en la aceleración reciente del PIB. Según Mejía, esta dinámica genera un efecto de enmascaramiento, ya que oculta una recuperación mucho más débil del sector privado, lo que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo de crecimiento en el mediano plazo.
El análisis descompone el PIB desde la perspectiva del gasto, separando el consumo de los hogares, la inversión, las exportaciones y el consumo del gobierno para aislar el impacto específico del Estado. Los resultados muestran una brecha persistente entre el crecimiento real reportado y el escenario contrafactual.
En términos específicos, durante el tercer trimestre de 2025 (julio a septiembre), el PIB registró un crecimiento del 3,8%. Sin embargo, el análisis indica que, sin el impulso del gobierno, el crecimiento habría sido de apenas el 1,5%, lo que significa que el Estado aportó 2,2 puntos porcentuales a la cifra final. En el cuarto trimestre de 2025 (octubre a diciembre), la tendencia se mantuvo: el PIB creció un 2,1%, pero sin la intervención del gasto público, el avance habría sido de solo el 0,3%, reflejando una diferencia de 1,9 puntos porcentuales.
Esta tendencia se extendió al primer trimestre de 2026 (enero a marzo), donde el PIB creció un 2,2%. No obstante, sin el consumo del gobierno, el resultado habría sido de un 1,2%, dejando una brecha de 1,0 punto porcentual. En promedio, mientras que la economía creció un 2,7% en este periodo, la cifra se habría reducido al 1,0% si no hubiera sido por la inyección de recursos estatales.
Mejía destacó tres puntos críticos derivados de estos resultados. En primer lugar, el dinamismo del PIB no es el reflejo de una recuperación generalizada del sector privado, dado que el 63% del crecimiento se explica por el consumo público. En segundo lugar, advirtió que la inversión, medida a través de la formación bruta de capital fijo, permanece un 10,7% por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia, lo que sugiere que el ciclo expansivo del gasto público ha desplazado la inversión privada.
Finalmente, el análisis advierte que la sostenibilidad de esta dinámica es precaria debido al limitado espacio fiscal. Con un déficit fiscal proyectado por encima del 6% del PIB y una deuda pública en trayectoria ascendente, el margen para mantener este patrón de gasto es prácticamente nulo. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado la proyección de crecimiento de Colombia al 2,3% para 2026, advirtiendo además que el país tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica.
Ante este panorama, el equipo de Lumen Economic Intelligence propone que la solución radica en una consolidación fiscal ordenada. El análisis enfatiza que no se trata de implementar un recorte abrupto que pueda frenar la economía de manera violenta, sino de ejecutar un ajuste gradual. El objetivo sería reducir la dependencia del gasto público como motor principal y liberar espacio para que la inversión privada recupere terreno. Según la firma, solo una recomposición de las fuentes de crecimiento, donde el consumo del gobierno tenga menor protagonismo y la inversión privada una mayor contribución, garantizará la sostenibilidad económica a largo plazo.
