El presidente de la República, Gustavo Petro, ha emitido la autorización para que integrantes de cuatro grupos armados ilegales ingresen a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Esta medida, sin embargo, llega acompañada de una condición restrictiva: aquellos miembros de estas estructuras que cuenten con órdenes de extradición vigentes no podrán acceder a dichas zonas durante una primera fase del proceso. Según el comunicado emitido el 13 de mayo por la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, la situación particular de estas personas será objeto de una evaluación posterior por parte del jefe de Estado.
La determinación fue el resultado de una reunión sostenida entre el presidente Petro, el comisionado de paz Otty Patiño y los jefes de las delegaciones del Gobierno encargados de los diálogos de la política de paz total. En este encuentro participaron Álvaro Jiménez, delegado en el proceso con el Clan del Golfo; Armando Novoa, responsable de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); Gloria Quiceno, negociadora en la mesa del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF); y Carlos Erazo, jefe negociador en el tablero de paz con los Comuneros del Sur. Fueron precisamente estos cuatro grupos los autorizados para el ingreso a las ZUT.
Esta condición de no ingreso para extraditables impacta directamente a figuras clave de las organizaciones. En el caso del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerada la mayor estructura armada ilegal del país, se encuentra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Desde 2018, Estados Unidos ha solicitado formalmente su extradición por cargos de narcotráfico, acusándolo de pertenecer a un concierto para delinquir con el fin de distribuir sustancias. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega el pasado 13 de enero, la decisión final recaía en el presidente Petro. Cabe destacar que, tras una reunión en Washington entre Petro y Donald Trump en febrero, Chiquito Malo fue declarado como un objetivo de alto valor por ambos gobiernos.
Por otro lado, la situación de la CNEB ha estado marcada por la tensión. Geovanni Rojas, alias Araña y jefe de los Comandos de Frontera, fue capturado en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá. Su detención, basada en una circular roja de Interpol por presunto tráfico de drogas hacia Estados Unidos, generó que el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur y la CNEB cuestionaran las garantías jurídicas del Gobierno. Aunque el presidente Petro frenó la extradición de Araña mediante la resolución 421 del 18 de noviembre de 2025, posteriormente condicionó la suspensión de su traslado al cumplimiento de metas de erradicación de cultivos de coca. Asimismo, Andrés Allende, comandante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CNEB), fue sancionado en diciembre de 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas rutas de narcotráfico hacia Norteamérica y Europa en colaboración con el cartel de Sinaloa.
En cuanto al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), Javier Alfonso Velosa García, alias John Mechas, jefe del Frente 33 de la disidencia de Calarcá, posee una orden de extradición vinculada a ataques contra el expresidente Iván Duque y la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, además del atentado con explosivos en el CAI de Ciudad Bolívar en 2022. Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, segundo al mando del mismo frente, también es buscado por Estados Unidos desde 2023. Aunque la Corte Suprema avaló su entrega en mayo de 2025, el presidente Petro suspendió la medida mediante la resolución 186 de 2025, argumentando que su traslado podría afectar los procesos de negociación con el Frente 33.
Finalmente, el grupo Comuneros del Sur presenta casos similares. Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., fue acusado por la Corte Distrital de los Estados Unidos por tráfico de cocaína. A pesar del aval de la Corte Suprema en abril de 2025, el presidente Petro frenó su entrega en mayo de 2025. Esta decisión coincidió con las denuncias de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre presiones para evitar la extradición de H.H. Otros miembros, como Oliverio Orfilio Pai (alias Chuky) y Jorge Wilfredo Rosero Marín (alias Fercho), también vieron suspendidas sus órdenes de extradición por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2024.
