El presidente de la República, Gustavo Petro, ha realizado una solicitud pública dirigida a los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, instándolos a retirar las demandas judiciales que, según la perspectiva del mandatario, han obstaculizado la entrada en vigor de la reforma pensional en Colombia. El jefe de Estado fundamentó su petición advirtiendo que las acciones legales emprendidas por ambos han provocado una transferencia que calificó como ilegal de los fondos pertenecientes a los trabajadores hacia las entidades bancarias más grandes del país.
Esta solicitud presidencial surge en un contexto de tensión jurídica, donde tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado mantienen suspendidos artículos fundamentales de la Ley 2381 de 2024 y del Decreto 0415 de 2024. Estas determinaciones judiciales han impedido que se concrete el traslado de los fondos desde las administradoras privadas hacia la entidad estatal Colpensiones, lo que en la práctica ha congelado la aplicación efectiva de la reforma pensional. Esta situación ha generado fuertes reacciones por parte del Ejecutivo nacional.
En sus declaraciones, el presidente Petro, citando un mensaje del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático al señalar: “Le solicito al señor de la Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”.
Desde el ámbito judicial, se destaca la intervención del Consejo de Estado, el cual suspendió el pasado 11 de mayo, de manera provisional y total, el Decreto 0415 de 2024. Esta medida cautelar detuvo el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos que debían trasladarse desde los fondos privados hacia el sistema público. El tribunal basó su análisis en la premisa de que el Gobierno nacional excedió su autoridad al intentar disponer de este cambio a través de un decreto, determinando que una decisión de tal magnitud corresponde exclusivamente a la competencia del Congreso de la República.
Paralelamente, en la Corte Constitucional se encuentran en curso demandas interpuestas por la senadora Paloma Valencia. La legisladora sostiene que la reforma pensional vulnera el artículo 157 de la Constitución, alegando que se habrían presentado vicios en el procedimiento legislativo durante su trámite. Por su parte, Abelardo de la Espriella, en su recurso legal, argumentó que el Gobierno pretende disponer del ahorro individual de los ciudadanos y ha solicitado una contrarreforma para evitar lo que calificó explícitamente como un robo.
El efecto conjunto de estas demandas ha sido la suspensión temporal tanto de la ley como de su decreto reglamentario, bloqueando no solo el traslado de los cuantiosos recursos mencionados, sino también el inicio operativo de la reforma. Ante el fallo del Consejo de Estado, el primer mandatario no ocultó su descontento, calificando la decisión como inconstitucional y anticipando la posibilidad de emprender acciones legales contra el magistrado ponente de dicha determinación, Juan Enrique Bedoya.
El alto tribunal, al defender su postura sobre la suspensión del Decreto 0415 de 2024, reiteró que la medida fue adoptada como una cautela para garantizar la protección del ahorro de los trabajadores. El organismo judicial alegó que el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al intentar modificar el destino de los ahorros pensionales mediante una vía administrativa, reafirmando que dicha facultad es exclusiva del Congreso.
El Consejo de Estado remarcó que cualquier acción de esta naturaleza debe ser el resultado de una discusión y aprobación parlamentaria formal. Según el tribunal, la suspensión busca prevenir un daño irreparable a los ahorros acumulados por aquellas personas que aún no han consolidado su derecho pensional, contradiciendo así las afirmaciones del presidente Petro y sus funcionarios.
Finalmente, la corporación judicial aclaró que la suspensión mantiene los recursos, estimados en 25 billones de pesos, en las administradoras privadas de fondos hasta que se resuelva la legalidad del decreto. El organismo aseguró que las pensiones de los colombianos se encuentran seguras y que el dinero continúa disponible y generando rendimientos en las AFP mientras se define el fondo de la legalidad del decreto en cuestión.
